La primera patata caliente de Meritxell Batet es la suspensión de los diputados presos. Su primera decisión como nueva presidenta del Congreso fue en esta línea: preguntar al Tribunal Supremo que le aclare cómo tiene que proceder. Mientras el alto tribunal no responda, que será quien determinará cómo proceder, sí que ha convocado la Mesa para este jueves a las 12:30 del mediodía. Se tratará la cuestión, también si se pide un informe a los letrados de la cámara. Todo esto podría dilatar el proceso y dejarlo para pasadas las elecciones del 26-M.

En su primera reunión de la Mesa, ya encontrará tres escritos del PP, Ciudadanos y Vox reclamando que se proceda a la suspensión automática de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Por otra parte, la fiscalía ha pedido lo mismo a la sala segunda del Supremo. Ante este panorama, Batet ha explicado que la cuestión será abordada este jueves y todos podrán exponer su opinión al respecto. También se debatirá si hay que pedir un informe a los servicios jurídicos de la cámara.

La nueva presidenta de la cámara baja ha pedido información y una aclaración al Tribunal Supremo, a quien pasa la pelota, hecho que podría retrasar la decisión a la semana que viene, ya pasadas las elecciones de este domingo. "La función jurisdiccional pertenece al poder judicial, es el pertinente para determinar las consecuencias de determinadas conductas", ha insistido la dirigente socialista catalana en rueda de prensa desde la cámara, después de reunirse en la Zarzuela con el rey Felipe VI.

Preguntada sobre si eso dilata el proceso, Batet ha defendido que "todo lo contrario", que lo acelera. "No dilata la decisión, sino que pone en marcha el proceso adecuado para poder llegar el más bien posible a una decisión", ha sostenido en este sentido.

Carta en Lesmes

Batet ha decidido volver a enviar la pelota al tribunal y ha pedido al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, un informe de la Sala que preside Marchena sobre la aplicación del artículo 384bis de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim), de la que se tendría que desprender la suspensión de los diputados por el hecho de estar en prisión provisional por delito de rebelión. Este es el mismo artículo que invocó el juez instructor, Pablo Llarena, para suspender a los diputados del Parlament.