La decisión del juez Pablo Llarena sobre el procesamiento de Carles Puigdemont, retirando el delito de sedición después que haya entrado en vigor el nuevo Código Penal y manteniendo los delitos de desobediencia y malversación de fondos, traerá cola. Una de las primeras en reaccionar, como casi siempre contra el independentismo, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y lo ha hecho poniendo el grito en el cielo. Concretamente, ha considerado que la retirada del delito de sedición en el procesamiento contra Puigdemont es uno "de los primeros favores" del gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas, y ha apuntado que "de aquí a poco está el camino hecho a la independencia ilegal de Catalunya". Yendo más allá, Ayuso ha asegurado que los españoles se tienen que ir preparando en los próximos meses, porque, después de los cambios en el Código Penal, "veremos cosas que nos helarán la sangre". Así se ha pronunciado la política del PP en declaraciones antes de participar en un foro en el Hotel Ritz, añadiendo que el problema en Catalunya se agravará "más todavía", a diferencia de lo que insisten en decir desde el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez.
Así, según Ayuso, este cambio en el procesamiento "es una de las primeras contrapartidas de todo lo que el gobierno de Pedro Sánchez durante años ha estado pactando a espaldas de toda España", y se está iniciando el camino hacia la independencia de Catalunya, que se verá "a través de consultas, falsas urnas de cartón, tensión en las calles donde todos los delitos quedarán impunes". Mientras Ayuso pronunciaba, escandalizada, estas palabras, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska ha reiterado que hay que respetar las resoluciones judiciales como la de Pablo Llarena, ya que "son las que tienen que cumplirse en sus términos". Su respuesta ha sido breve cuando ha sido preguntado por este asunto. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que la decisión de Llarena de exonerar al president de los "desórdenes públicos agravados" pero mantener su persecución por malversación y desobediencia demuestra que el referéndum del 1-O "sigue teniendo condena".
La nueva situación del resto de exiliados
Aunque Ayuso y Marlaska solo se hayan fijado en el caso del president Puigdemont, Llarena también ha mantenido los delitos de desobediencia y malversación de fondos para los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín. Así, retira las euroórdenes, pero dicta una nueva orden de busca y captura en el Estado español por malversación para Puigdemont y los dos exconsellers. Además, el delito por el cual están procesadas ahora las exconselleras Clara Ponsatí y la republicana Marta Rovira es de solo el delito de desobediencia, hecho por el cual no se puede ordenar su detención internacional ni nacional, ya que el castigo no es de prisión, sino de inhabilitación a cargo público. Por lo tanto, a partir de este jueves, Ponsatí y Rovira pueden volver al Estado. En la resolución, el juez ordena su detención, pero "solo a efectos de tomarles declaración". Su retorno puede ser acordado como el de Anna Gabriel (CUP), que no fue ni detenida.