Isabel Díaz Ayuso atiza el relato del pucherazo electoral que ha impulsado el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reclamado este miércoles que se desplieguen observadores para supervisar los procesos de nacionalización en la ley de nietos y de regularización de inmigrantes antes de las próximas elecciones. La líder del PP de Madrid ha defendido que hay que garantizar la "transparencia" y la seguridad de un procedimiento impulsado por el Gobierno que, a su juicio, genera "inquietud". En un desayuno informativo, la lideresa madrileña ha asegurado que recurrirá "a todas las instancias necesarias", incluidas las instituciones europeas y los tribunales, para exigir más garantías en este proceso.
También ha insistido en que los observadores "deben llegar ahora, y no el día de las elecciones", porque es ahora mismo, ha dicho, cuando se desarrolla el proceso que considera preocupante. Ayuso ha ido más allá y ha insinuado que el ejecutivo de Pedro Sánchez pretende "nacionalizar socialistas". En esta línea, ha acusado al Gobierno de hacer "ingeniería" con el censo electoral y de favorecer o perjudicar el voto "según convenga y según el origen" de los electores. Como ejemplo, ha sostenido que en aquellas circunscripciones donde el PSOE necesite más apoyo se podrían facilitar nuevos empadronamientos para influir en el reparto de escaños. Según ha argumentado, en los territorios con más de una demarcación el sistema electoral puede hacer que unos pocos miles de votos sean determinantes para obtener un diputado más. Finalmente, Ayuso ha cuestionado que personas sin "ninguna vinculación" con España puedan escoger la circunscripción donde votan y ha pedido aclarar "quién lo controla, quién lo decide y con qué criterio".
Vox solicitó este martes a la Junta Electoral Central eliminar la posibilidad de votar por correo a los ciudadanos españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La formación de Santiago Abascal plantea que los ciudadanos residentes en el extranjero solo puedan depositar su voto presencialmente en los consulados o embajadas, aunque esto les obligue a desplazarse cientos de kilómetros.
Los procesos de nacionalización y regularización
En los últimos días, tanto Vox como el PP han advertido de un supuesto riesgo de fraude electoral a raíz del aumento de personas que podrían obtener la nacionalidad española a través de la llamada ley de nietos. En este debate, ambos partidos también han mezclado esta cuestión con la regularización extraordinaria de migrantes, a pesar de que se trata de dos procesos completamente diferentes. Fuentes de la sala de máquinas del Gobierno denuncian ante este periódico que la estrategia de los populares se basa en confundir y mezclar dos cosas que no tienen nada que ver.
La regularización extraordinaria y la ley de nietos no afectan al mismo colectivo ni tienen las mismas consecuencias jurídicas. La regularización se dirigía a personas que residían en el Estado desde antes de enero de 2026 en situación administrativa irregular. Los beneficiarios obtienen únicamente un permiso de residencia y trabajo, pero no la nacionalidad española. Por lo tanto, esta medida no modifica el censo electoral ni permite participar en las próximas elecciones generales. Tampoco altera las futuras elecciones municipales. Para votar en ellas, los ciudadanos extranjeros deben haber residido legalmente en España durante un mínimo de cinco años y, además, su país de origen debe mantener un acuerdo de reciprocidad con el Estado español.
La situación es diferente en el caso de la ley de nietos, incorporada en la ley de memoria democrática aprobada en 2022. Esta normativa sí permite obtener la nacionalidad española y, en consecuencia, adquirir el derecho de voto. La norma beneficia a determinados descendientes de personas exiliadas durante el franquismo: hijos y nietos de españoles que perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual; hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero antes de la Constitución de 1978; e hijos mayores de edad de personas que ya recuperaron la nacionalidad gracias a esta ley o a la ley de memoria histórica de 2007.
Las estimaciones apuntan que hasta 2,4 millones de personas podrían llegar a beneficiarse de esta vía de acceso a la nacionalidad. Sin embargo, la tramitación es lenta y no se prevé que tenga un impacto significativo en el censo del CERA de cara a las próximas elecciones generales, a pesar de que PP y Vox continúan advirtiendo que se incorporarán más de dos millones de nuevos electores. Para más detalles, puedes hacer clic aquí.