Enfado entre los diplomáticos por las acusaciones del PP y Vox sobre un presunto fraude con la ley de nietos, al día siguiente del ataque del líder popular, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, ha defendido con firmeza la profesionalidad de sus compañeros y ha recordado que "los diplomáticos y el resto de funcionarios destinados en los consulados que tramitan expedientes de nacionalidad se atienen estrictamente a la ley". En declaraciones a El País, Virella ha reclamado que el Ministerio de Asuntos Exteriores defienda "la buena labor, el rigor, la profesionalidad y el cumplimiento estricto de la legalidad por parte del personal consular" y que "explique el funcionamiento del sistema de voto a través de los consulados, facilitando aclaraciones e informaciones, ya que se está poniendo de manifiesto desconocimiento sobre cómo funciona".
Todo empezó el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, donde el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha preparado una supuesta tupinada electoral "manipulando el censo y regalando la nacionalidad española" a electores afines. Este lunes fue el turno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que colocó a los diplomáticos en la diana: "Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece debe saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y aquí queda el aviso". Para colmo, Feijóo acusó a Sánchez de practicar "ingeniería electoral" con la aplicación de la ley de nietos.
Desmintiendo a Ayuso
Concretamente, Ayuso ha llegado a hablar de la multiplicación de "agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños", obedeciendo a un supuesto plan del Gobierno para "cambiar el censo electoral". Pero esto es falso: el único responsable de conceder la nacionalidad es el cónsul, ubicado al margen de la confrontación política y que toma una decisión después de un examen meticuloso para comprobar si la documentación presentada por la persona solicitante cumple todos los requisitos legales. Es por ello que Virella agradecería que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores explicaran bien el funcionamiento de los consulados y, aún más, del voto de los ciudadanos españoles residentes en el exterior —el llamado voto CERA, Censo de Españoles Residentes Ausentes.
Fuentes consultadas por El País aseguran que el proceso para obtener la nacionalidad por parte de los nietos de españoles residentes en el exterior es complejo y garantista, de manera que no existe la posibilidad de un fraude masivo. Es verdad que puede haber casos concretos que, después de una larga y costosa cadena de falsificaciones, consigan la nacionalidad... pero son eso: casos concretos. Ahora bien, Ayuso se aferra a la posibilidad de que alguna empresa pública acabe ayudando en el proceso, ya que los consulados están colapsados ante la avalancha de solicitudes presentadas: 2,4 millones. La realidad es que estas empresas ofrecerían tareas de apoyo, y siempre sería el cónsul quien tendría la última palabra.
Ni provincias ni voto exterior
Del mismo modo, las fuentes consultadas critican que la presidenta madrileña asegure que el Gobierno español asignará provincias "de manera arbitraria, según el recuento de votos, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño". El ejecutivo estatal no tiene esta facultad, y es el mismo solicitante quien elige el municipio al que quiere ser adscrito a efectos electorales. Una elección que se hace según criterios objetivos: última residencia en el Estado, si es que ha vivido allí; el municipio de mayor arraigo; el municipio de mayor arraigo de sus ascendientes... Y la tarea de los funcionarios consulares se limita a tramitar la declaración del solicitante ante la oficina del censo electoral.
En cuanto al voto exterior, las mismas fuentes recuerdan que las oficinas consulares recogen los votos emitidos por los españoles incluidos en el censo del CERA, pero no hacen ningún recuento. "Nadie en el consulado sabe qué han votado los residentes de su demarcación. Nadie abre los sobres con las papeletas", añaden. Así pues, los votos llegan cerrados al Estado español por valija diplomática, legalmente inviolable, y son abiertos por las respectivas juntas electorales. El problema del voto exterior es otro, y no tiene nada que ver con lo que dicen en el PP y Vox: el tiempo que tarda en llegar toda la documentación a los electores, que muchos se quedan sin ejercer su derecho al sufragio.