En medio de la polémica desatada por las derechas en torno a la ley de nietos, desde Vox pidieron este martes a la Junta Electoral que se suspenda el voto por correo para los ciudadanos españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Es decir, que se prive a los españoles residentes en el extranjero de la posibilidad de ejercer el voto por correo, de manera que solo puedan votar de forma presencial en los consulados o embajadas, aunque estén a cientos de kilómetros de distancia. Tanto los de Santiago Abascal como los de Alberto Núñez Feijóo han alimentado en los últimos días los fantasmas de una posible tupinada electoral por la nacionalización de cientos de miles de personas que viven en el extranjero, y llegando a enredar más la situación mezclándolo todo con la regularización extraordinaria de migrantes. Pero, ¿cómo afecta realmente la nacionalización y la regularización de migrantes al censo electoral?
Antes que nada, hay que aclarar que la ley de nietos y la regularización extraordinaria de migrantes no tienen nada que ver, ni se dirigen al mismo perfil de personas. En el caso de la regularización, han podido acceder hasta este martes aquellas personas que se encontraban en el Estado en situación administrativa irregular y que habían llegado antes de enero de 2026. Los solicitantes reciben solo un permiso de residencia y trabajo, que no tiene ningún tipo de efecto de cara a las próximas elecciones generales, en las que solo pueden votar las personas con la nacionalidad. La medida tampoco tendrá efecto sobre las siguientes elecciones municipales, ya que los extranjeros que quieran votar deben haber residido legalmente en el país al menos cinco años y sus países de origen deben tener un convenio de reciprocidad con el Estado español.
El voto CERA
En cambio, la ley de nietos es una vía de acceso a la nacionalidad española y, por lo tanto, el derecho a voto para los descendientes de los ciudadanos españoles que sufrieron el exilio. Está incluida en la ley de memoria democrática, que reconoce el derecho a obtener la nacionalidad española a algunas personas nacidas fuera del Estado: los hijos y nietos de españoles que, por haberse exiliado a causa de sus ideas políticas, religiosas o de su orientación sexual, perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española; hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con un extranjero antes de que entrara en vigor la Constitución de 1978; y los hijos mayores de edad de aquellas personas que ya recuperaron la nacionalidad con esta ley o con la ley de memoria histórica de 2007.
Se calcula que 2,4 millones de personas podrían acceder a la nacionalidad mediante esta ley de nietos, pero el proceso es largo y no se espera que tenga mucho impacto en el voto CERA de las próximas elecciones generales, a pesar de que desde el PP y Vox continúan diciendo que habrá más de dos millones de nuevos electores. Además, el voto exterior no suele movilizarse mucho: en los comicios de 2023 había 2.327.388 electores en el extranjero, pero solo votaron 233.688 personas (un 10,04%). Estos votos solo afectaron a un escaño de la Comunidad de Madrid, que pasó del PSOE al PP. Finalmente, las derechas también aseguran que el Gobierno asignará las provincias "de manera arbitraria, según el recuento de votos, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño". Ahora bien, las indicaciones sobre la asignación del municipio de inscripción en el censo electoral son muy claras: "El del último domicilio en España en el cual se haya estado empadronado, o el municipio de mayor arraigo del solicitante o de sus progenitores, en el caso de personas de nacionalidad española que nunca han residido en España".