El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido una rectificación de la instrucción emitida por la Junta Electoral Central (JEC) que permite supervisar el voto de las personas con discapacidad intelectual a las elecciones del próximo 28 de abril.

El pasado 5 de diciembre del 2018, se modificó la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central (LOREG) para garantizar este derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntario, en el sentido de reconocerlo a las personas discapacitadas intelectualmente o con enfermedad mental.

La Junta Electoral Central ha aprobado una instrucción en que establece una serie de medidas encaminadas a garantizar que las personas discapacitadas intelectuales, unas 900 en Barcelona, puedan votar por primera vez a las elecciones generales.

En un comunicado, el ayuntamiento barcelonés denuncia que la JEC ha autorizado los miembros de la mesa electoral y los apoderados e interventores de partidos a hacer listados de las personas con discapacidad que podrían no estar ejerciendo su derecho a voto de forma consciente libre y voluntaria.

Aunque la papeleta no será rechazada y se pondrá en la urna, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como entidades de personas con discapacidad consideran que la instrucción atribuye una arbitrariedad inaceptable a la hora de juzgar el derecho de voto de las personas con discapacidad y "es un despropósito y una discriminación flagrante". Por eso piden una rectificación y sino, anuncian que la impugnarán ante el Tribunal Supremo.

Además, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que enviará un escrito de denuncia al Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.