Ahora hace una semana, todo estaba listo en el Senado para la aprobación definitiva de los presupuestos del Estado. La práctica totalidad de los ministros se desplazaron justamente a la cámara baja para brindar. Pero todo se frustró con la estrategia de filibusterismo del PP, que votó masivamente a favor de enmiendas de otros grupos. Consiguieron que una de las 4.000 saliera adelante: una partida 1,6 millones para las lenguas minoritarias y regionales propuesta por Compromis. Todo el trámite se ha tenido que retrasar una semana. Hoy el Congreso de los Diputados, con poca asistencia y mucho voto telemático, se ha vuelto a reunir y ha ratificado la adenda, con buena parte de los ministros nuevamente presentes. Ahora sí que han podido celebrarlo: las cuentas españolas son una realidad. Son los segundos presupuestos de Pedro Sánchez en dos años de gobierno de coalición, media legislatura, con los mismos aliados: ERC, el PNV y Bildu. Entrarán en vigor en menos de 96 horas.
Como no podía ser de otra manera en este serial, la enmienda tenía que ver con la protección de las lenguas. La modificación del senador Carles Mulet, ratificada hoy, destina 1,6 millones de euros del Ministerio de Cultura a la "promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias". Este importe se lo repartirán entre Catalunya, el País Valencià, las Islas Baleares, Aragón, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias. Estas lenguas son el catalán, el euskera, el gallego, el aranés, el asturiano, el leonés y el aragonés. Hoy en el Congreso ha salido adelante con una mayoría más que amplia, de 281 votos a favor (incluyendo el Gobierno) y 62 en contra, los de la extrema derecha de Vox y Ciudadanos. El PP ha sido coherente y también ha votado a favor.
Pero la maniobra del PP, que ha obligado a convocar un pleno imprevisto en plenas Fiestas, se ha llevado muchas críticas. Desde el PSC, la diputada Montse Mínguez lo ha calificado de "gol en propia puerta", mientras Sofía Castañón (Podemos) lo ha tildado de "inocentada". El republicano Gabriel Rufián les ha acusado de intentar imitar a la extrema derecha de Vox: "Ustedes no hacen política, ustedes hacen el troll". Ferran Bel, del PDeCAT, ha señalado la ironía de aprobar iniciativas a favor del catalán sólo para torpedear las cuentas del Gobierno.
Más allá de la enmienda, los presupuestos generales del Estado revalidaron en la primera votación en el Congreso la misma mayoría que el pasado año: 188 votos. Son los votos de once formaciones, repitiendo alianzas: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, EH Bildu, Más País, Compromis, Teruel Existe, Nueva Canarias y el PRC. En el discurso posterior al debate, el presidente Pedro Sánchez ha confiado en revalidar esta mayoría por la reforma laboral: "Necesitamos acuerdos, todos los posibles y lo más amplios posibles". Pero no se vislumbra un escenario justamente fácil.
La lengua, elemento central
Como demuestra lo que ha pasado durante la última semana, el camino hasta aquí no ha sido tranquilo. Desde septiembre, la ministra Montero señaló ERC y el PNV como "socios prioritarios" con quienes volver a negociar las cuentas españolas. Con los vascos, ni siquiera llegaron a un acuerdo antes de la aprobación en el Congreso, a diferencia de los pactos alcanzados con EH Bildu. Con ERC ha hecho falta hasta tres acuerdos, con el blindaje del catalán a la ley audiovisual como principal punto de conflicto.
Para la tramitación de los presupuestos en el Congreso, el grupo capitaneado por Gabriel Rufián cerró que esta ley se acordaría sólo con el visto bueno de ERC. Para la aprobación final en el Congreso, pactaron una cuota del 6% del catálogo de las plataformas para el catalán, el euskera y el gallego. Pero el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros dejando fuera a las grandes plataformas internacionales, como Netflix, de esta obligación. Eso obligó a renegociar la protección de las lenguas audiovisuales, que se saldó con la obligación de todas las plataformas de financiar producción en estas lenguas (unos 15 millones de euros anuales) además de la creación de un fondo de doblaje y subtitulado. Este último acuerdo es el que ha permitido la aprobación final de las cuentas en el Senado.
Independentismo dividido
No es el único acuerdo que ha arrancado ERC. También ha hecho retirar de las cuentas la inversión prevista a la comisaría de Via Laietana, aunque pedían su traspaso para convertirlo en un espacio de memoria. Hoy mismo, Gabriel Rufián ha admitido que tiene una mezcla de sentimientos: tanto de "frustración" como de "satisfacción por conseguir que pasen cosas". El PDeCAT también se ha involucrado en las negociaciones y aprobación de los presupuestos. El subgrupo liderado por Ferran Bel ha pactado que entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales o cooperan con la sanidad pública puedan recibir dinero de los fondos europeos Next Generation. Pero, como el año pasado, el independentismo no ha ido a la una en Madrid.
En el otro lado, Junts per Catalunya se abrió a negociar, pero no recibió feedback de La Moncloa y ha acabado vetándolos y votando en contra, tanto en el Congreso como en el Senado. Su portavoz Míriam Nogueras ha sido muy crítica con los pactos de los republicanos, denunciando que, con un frente independentista unitario, se habría conseguido mucho más. Incluso tuvo que colar con una enmienda un fondo covid extraordinario, contra la voluntad del Gobierno, que amenaza con no ejecutar por defectos de forma. La CUP directamente se ha desentendido. Ya al inicio de las negociaciones, los anticapitalistas rechazaron sentarse con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. De forma reiterada, los cuperos han avisado que no se daban las condiciones porque el Gobierno no planteaba políticas suficientemente "valientes", ni con respecto al ámbito social ni con respecto a la resolución del conflicto político catalán.