Carlos Mazón, que dejó de ser president de la Generalitat Valenciana el pasado mes de noviembre, solicitó a finales de marzo personarse en la causa judicial que investiga la gestión de la DANA en el País Valencià, que provocó más de 200 víctimas mortales. Esta petición a la jueza de Catarroja, que ha ido estrechando el círculo sobre el expresidente. La magistrada lo rechazó, pero en abril, la Fiscalía se alineó con los argumentos de la defensa del ahora diputado en las Corts Valencianes, alegando que rechazarla implicaba una vulneración del derecho a la defensa. Ahora, la Sección Segunda de la Audiencia de València ha dado la razón al político de Alicante, enmendando el criterio de la jueza instructora y aceptando la personación del expresidente, que pasa a formar parte del procedimiento.
En el auto, según informa ElDiario.es, el tribunal valenciano considera que, si no se aceptara la petición del expresidente, "se vería privado de conocer la actividad judicial de investigación que le afecta, actividad que podría tener —en función del resultado de algunas de las diligencias acordadas— trascendencia inculpatoria futura".
El intento de imputarlo
A finales de febrero de este 2026 y después de muchos meses de trabajo, la jueza Núria Ruiz dio el primer paso, necesario, para poder imputar a Carlos Mazón en la causa de la DANA. Hasta entonces, la máxima responsable política era la exconsellera del Interior, Salomé Pradas, a quien el expresidente destituyó poco después de la tragedia. La jueza defendía que la "exclusión voluntaria" del entonces president de la Generalitat en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo" de esta, una "omisión equiparable a la acción" en las 230 muertes y en las lesiones que dejó el terrible episodio. En un escrito de 109 páginas, donde hablaba de la "negligencia" de Mazón, la jueza instructora detallaba que "el nexo causal ante la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que deberán imputarse los muertos".
Ruiz elevó esta exposición al Tribunal Superior de Justicia del País Valencià, pero este lo rechazó por unanimidad, porque no apreciaba indicios sólidos de delito. La decisión fue un jarro de agua fría para las asociaciones de víctimas. Finalmente, el expresidente fue citado a declarar, únicamente en calidad de testigo, en los juzgados de Catarroja.