Blindado. La Audiencia Nacional ha vuelto a avalar la investigación sobre Tsunami Democràtic realizada por el magistrado Manuel García-Castellón. En concreto, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha denegado a dos investigados de Tsunami, Oriol Soler y Oleguer Serra, que tengan acceso al origen de la investigación, de la cual se admite que García-Castellón la inició en 2018 (aunque la plataforma anónima no se puso en marcha hasta el 2019, contra la sentencia del Supremo) y los acusa de querer apartar del procedimiento al juez con la presentación de tres recusaciones, según una resolución del viernes pasado, conocida este lunes. El tribunal insiste en que en la causa de Tsunami hay indicios del delito de terrorismo, que es competencia de la Audiencia Nacional, y que la instrucción ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, al quedarse la parte de los aforados, el president en el exilio Carles Puigdemont y el diputado de ERC, Ruben Wagensberg, que recientemente se ha trasladado a Suiza.

El abogado de los dos investigados, Benet Salellas, ha acusado al juez García-Castellón de crear una causa general contra el independentismo catalán, con investigaciones desde el 2017 y haciendo piezas separadas, y que ante nuevos indicios tendría que haber derivado las piezas al decanato para su reparto a otro juzgado. El penalista también pedía que la Guardia Civil informara desde cuándo investigaba el independentismo catalán y cuándo aportó información al juez García-Castellón. Y es que del sumario de Tsunami y, especialmente, de la investigación de los CDR de la Operación Judas —dirigida también por García-Castellón—, las defensas han deducido que el magistrado ha investigado políticos e independentistas desde el 2017, y la mayor parte del tiempo bajo secreto de sumario.

Sin concretar

Por contra, la sala de lo penal, con Alfonso Guevara de ponente, sostiene que "la pieza separada 4 de las diligencias previas 99/2018 tuvo por objeto la investigación de Tsunami Democràtic, como una de las iniciativas llamadas a animar al movimiento global independentista, transformándose en diligencias previas 85/2019, tal como ya había interesado al ministerio fiscal".

Y por eso, tal como hizo el juez, la sala penal les deniega que tengan acceso a las diligencias previas 104/2017 y 99/2018, las cuales serían el origen de la investigación, asegurando que "no se concreta en qué aspectos inciden en su defensa; no obstante, conocen estos procedimientos, según argumentan en la solicitud y en el recurso", afirma el tribunal, y concluye que "no hay ninguna actuación torticera del juez", como aseguran las defensas.

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional fue más crítica con el magistrado García-Castellón cuando este denegó las mismas diligencias a las defensas de los CDR de la Operación Judas, y lo instó varias veces a darles toda la información, que nunca ha completado del todo, según las defensas.