Vía libre. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha avalado que el juez de la causa de Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, haya ordenado a la Guardia Civil  que investigue si esta aplicación anónima, que denomina "plataforma", tenía entre sus objetivos "actuar al paso de la comitiva del rey Felipe VI" en una visita a Barcelona en julio de 2020, según una resolución comunicada este miércoles. Además, el tribunal reitera que la investigación que realiza el juez "no es prospectiva".

La abogada Marina Roig, en nombre de la investigada Marta Molina, presentó un recurso contra las diligencias que dictó el magistrado García-Castellón el 26 de enero pasado, como la del rey, y también insistía en pedir más información sobre el ciudadano francés que murió en el aeropuerto del Prat, a pesar de que una jueza de L'Hospitalet de Llobregat ya descartó cualquier relación de su muerte con la protesta masiva contra la sentencia del Procés, en el aeropuerto el 14 de octubre de 2019. La Fiscalía apoyó el recurso contra estas diligencias.

Una conversación sospechosa

En cuanto a la supuesta acción contra el monarca, el magistrado de la Audiencia Nacional lo extrae  a partir de una conversación de los días 12 y 13 de julio de 2020 sobre las visitas del rey que hay en el sumario de Tsunami. En concreto, uno de los investigados, Josep Campmajó, hablaba con el usuario denominado Xuxu Rondinarie, del cual sostiene que podría ser un agente de los Mossos, en la aplicación Wire. El juez, además, ha hecho identificar este usuario. De aquella visita, no hubo ningún incidente.

 

Muerto en El Prat

En la nueva resolución, el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara, apoya todas las diligencias encargadas por el juez del caso Tsunami porque sostiene que el magistrado lo que hace es "ahondar en los conocimientos de los hechos". Incluso, la Audiencia Nacional aprueba la investigación sobre la muerte del ciudadano francés en el aeropuerto de El Prat, a pesar de ya haber sido cerrada por una juez. Esta muerte, que se quiere atribuir a Tsunami, es la única acción que no cita, ni  recoge el Tribunal Supremo en su reciente resolución, en la cual se hace cargo de la investigación de Tsunami en el caso del president al exilio Carles Puigdemont y al diputado de ERC, Ruben Wagensberg al ver indicios del delito de terrorismo.

Sin embargo, la Audiencia defiende a ultranza García-Castellón sobre las diligencias que ha acordado para investigar la muerte de un ciudadano francés y el corte de la autopista AP- 7 y que —según recuerda Marina Roig— acabaron con resoluciones de archivo por los correspondientes juzgados territoriales. El tribunal afirma que Roig "no menciona el precepto legal infringido por el juez por querer esclarecer aquellos hechos que son para el beneficio de todo el proceso". Y añade: “Hay una diferencia cualitativa considerable entre la visión de conjunto a la cual está denominado el juzgado a quo, dada la índole de los delitos que investiga, y la visión absolutamente compartimentada de los juzgados del territorio. De esta consideración nace el acierto y la pertinencia de las investigaciones” del juez instructor, concluye el tribunal.

Así, pues, de la investigación de Tsunami, la Audiencia Nacional asegura que el magistrado García-Castellón "tiene un campo delimitado, que son acciones plurales desplegadas dentro de un tiempo limitado y que explica en la argumentación. Tiene ya suficientes antecedentes de la realidad de acciones de posible cariz delictivo. No sale en blanco, en abstracto, a ver con que se topa: profundiza, indaga, persigue siempre el máximo conocimiento de lo que hubiera ocurrido".