Nuevo frente. La sala de apelaciones de la Audiencia Nacional ha admitido el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha reabierto una pieza separada del caso 3%, en la cual se investigaba a exconsellers y excargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por sus donaciones al partido de las cuales se sostiene que era para la financiación ilegal de la extinta formación política, según ha adelantado la agencia Efe.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, archivó la pieza, este junio y, en el auto, afirmaba que "no consta ningún indicio que acredite un mecanismo de afloramiento de dinero negro". La investigación se dirige contra los exconsellers Irene Rigau, Felip Puig, Jordi Jané, Pere Macias, Germà Gordó, también exgerente de CDC, y Daniel Osàcar, extresorero del partido.

Supuesto blanqueo

En concreto, la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por el fiscal José Grinda, que discrepa de la valoración del magistrado y sostiene que “sí que existen relevantes indicios de incriminación” en el delito de blanqueo. En el recurso, el fiscal de Anticorrupción detalla “sus sospechas” que “había un criterio superior a los afiliados que, siendo cargos electos, deben su conducta a las necesidades del partido de aflorar el dinero que CDC tenía en metálico”.

Según la tesis del fiscal, los exconsellers y cargos de CDC aportaban una cuota al partido (siempre inferior a 3.000 euros) y después este se los devolvía en metálico, hecho que hace sospechar al fiscal que se afloraba dinero que el partido habría cobrado de un acto ilícito, como por ejemplo las comisiones de empresas para obtener alguna adjudicación pública, que es la base del caso 3%, pendiente de juicio.

Cuotas del 2008 al 2015

La sala de lo penal califica de “atendible” el recurso del fiscal, y que “la existencia de indicios de una posible financiación ilegal por parte de CDC”, que sostiene el fiscal, el tribunal entiende que la investigación de esta derivada del caso 3% tiene que continuar a la Audiencia Nacional.

Por eso, el tribunal insta al juez Pedraz que solicite “los informes que estime oportunos” para determinar la posible existencia de un delito de blanqueo y que requiera “la documentación”, que pueda existir “sobre imposiciones bancarias de los investigados en fechas próximas a las donaciones”, que hay en la causa.

Esta investigación se inició el abril de 2020 y ahora el tribunal ha ordenado su prórroga. Los afectados aclararon que eran cuotas de afiliado, pero Anticorrupción lo niega y sostiene que, según los datos analizados por la Guardia Civil, entre los años 2008 y 2015, las cantidades recibidas en concepto de donación por CDC suman 1,6 millones de euros; y 769.800 euros entre los años 2009 y 2014.