La Audiencia Nacional ha convocado una vista el 15 de abril para estudiar los argumentos que esgrimen los abogados de doce acusados de "terrorismo" de los Comités de Defensa de la República (CDR), que reclaman anular el juicio. Unos argumentos entre los cuales destaca el argumento de la ley de amnistía, que para entonces es previsible que todavía esté en tramitación en el Senado. La sección tercera de lo Penal será la encargada de estudiar los artículos de pronunciamiento previo planteados por las defensas de los acusados de haber formado parte de una facción de los CDR que presuntamente habría planeado "sabotajes o acciones violentas" contra sedes oficiales de Catalunya en el 2019, en protesta contra la sentencia del procés.

Esta es una de las causas relacionadas con el procés que la Audiencia Nacional tiene abiertas por unos supuestos delitos de terrorismo, relativos a los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en octubre del 2019. El acuerdo conseguido entre el PSOE, Junts y ERC busca que los dos procedimientos entren en la futura ley de amnistía, que mañana previsiblemente recibirá el visto bueno del pleno del Congreso y pondrá camino al Senado, que tendrá un plazo máximo de dos meses para tramitarla. Un Senado donde el PP tiene mayoría absoluta y previsiblemente hará todo aquello que esté en su mano para entorpecer el trámite.

Amnistía, García-Castellón y "causa general contra el independentismo"

En la amnistía se apoyan las defensas de los acusados en el caso de los CDR para que la Audiencia Nacional suspenda su juicio —todavía sin fecha— hasta que se acabe la tramitación parlamentaria, al considerar, "sin duda", que pueden ser beneficiados de la medida de gracia. No es el único argumento que esgrimen: también denuncian falta de competencia de la Audiencia Nacional desde el primer momento para asumir la causa y acusan al juez instructor, Manuel García-Castellón, de "arbitrariedad".

Circunstancias que, sostienen, tienen que conducir a la "nulidad radical de la causa" por vulneración de derechos, a la vez que denuncian que los hechos por los cuales se los acusan ya han sido estudiados en otros procedimientos, de manera que existiría el principio de "cosa juzgada". En opinión de la defensa, se ha configurado "una especie de causa general con todo aquello que pueda tener relación con el movimiento independentista fuera de cualquier origen institucional, con independencia de su vinculación a los CDR".

La fiscalía rechaza los argumentos de la defensa

Tesis que no comparte la fiscalía, que se ha opuesto a los artículos de pronunciamiento previo planteados por las defensas, según las fuentes consultadas por EFE. A diferencia del caso Tsunami, el Ministerio Fiscal sí que ha visto terrorismo desde el primer momento en la causa de los CDR y solicita entre 8 y 27 años de prisión para los acusados, que considera que incurrieron en delitos como pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, o estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.

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