La forense de la Audiencia Nacional que el lunes examinó a Marta Ferrusola ha confirmado que no puede declarar por un "deterioro cognitivo tipo Alzheimer moderadamente grave de cinco años de evolución", según ha adelantado TVE. El escrito de la perita determina que la patología comporta limitaciones a Ferrusola tanto en el ámbito físico como en el cognitivo.

Es por eso, la forense concluye que la mujer de Jordi Pujol "no reúne las condiciones psíquicas mínimas necesarias para prestar declaración". Hay que recordar que a principios de febrero la defensa de Ferrusola aducía que la investigada no podía declarar tanto por la enfermedad como por un accidente doméstico que sufrió el verano pasado.

El juez José de la Mata plantea juzgar Ferrusola al lado de su marido y de sus hijos como miembro de una organización criminal que a partir de la posición política de la familia acumuló un gran patrimonio durante décadas. El noviembre pasado, la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona consideraba que Ferrusola no tiene "capacidad de juicio ni de toma de decisiones conservadas".

El 8 de enero un informe médico dictaminaba que Ferrusola sufre "trastorno cognitivo grave multifactorial", que no reconoce "de manera consistente a los familiares próximos" y que articula frases "de contenido incoherente". El mismo escrito concluye que la mujer de Jordi Pujol no puede declarar ante un tribunal "por incapacidad de comprensión, tanto del objeto como de las consecuencias, así como de evocar hechos o interpretar la realidad pasada o presente".

Este informe de la forense de la audiencia Nacional llega después de que el juez Santiago Pedraz solicitara, ya hace más de un mes, a la familia Pujol los informes médicos que acreditan la demencia alegada por Ferrusola, por la cual reclama ser eximida de la causa donde está procesada.

¿Por qué se la investigaba?

El juez De la Mata investiva a Ferrusola, y a toda su familia, por el origen del dinero andorrano de la familia Pujol. Todo se remonta al año 2014, cuando Jordi Pujol admitió que tanto él como Ferrusola, y sus siete hijos tenían unos 4 millones de euros en la Banca Privada de Andorra. Según la versión de Pujol, procedían de una herencia de su padre, Florenci Pujol, que no se declaró a Hacienda durante más de 30 años.

La justicia española no dio credibilidad a la versión de Pujol y sospecha que el dinero andorrano tiene orígenes ilícitos. La Audiencia Nacional investiga todos los miembros de la familia como una organización criminal acusada de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

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