El magistrado Manuel García-Castellón vuelve a ser validado por sus compañeros de la Audiencia Nacional. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la personación como acusación particular en la causa de Tsunami Democràtic de dos agentes de la policía española, que fueron heridos en los disturbios de la plaza Universitat en el 2019, según ha confirmado el tribunal este viernes. Los abogados de los investigados Marta Molina y Oriol Soler presentaron recurso contra su personación porque sostienen que fueron heridos en las acciones violentas ante la Jefatura de Via Laietana, que se produjeron al final de la huelga general del 18 de octubre, la cual no fue convocada por la plataforma anónima Tsunami Democrático ni por los 12 investigados y acusados por terrorismo por García-Castellón. La Fiscalía se adhirió a este recurso, especialmente porque no considera que no hay indicios de terrorismo en el caso de Tsunami, y que ha sido tumbado, nuevamente, por la Audiencia Nacional.
La sección tercera razona que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han aceptado que son competentes para instruir el caso de Tsunami Democrático, y entre los hechos investigados hay las lesiones a dos agentes de la policía española, que con el penalista José María Fuster-Fabra, se han personado en los dos procedimientos como acusación particular. Los abogados Marina Roig y Benet Salellas cuestionaron su personación porque no se ha identificado quién causó las graves lesiones a los agentes, y tampoco hay pruebas que alguno de los 12 investigados por Tsunami impulsó acciones violentas contra la policía.
Son víctimas
El tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guerra, no ha cuestionado ninguna acción de García-Castellón desde que el Supremo validó que en el caso de Tsunami hay indicios de terrorismo y asumía la investigación hacia el presidente al exilio Carles Puigdemont, para ser diputado en el Parlamento Europeo, y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, el febrero pasado.
En la resolución, el tribunal afirma que "no cabe duda que los referidos agentes tienen la condición de víctimas de los hechos objeto de este procedimiento, puesto que resultaron lesionados durante el desarrollo de estos hechos", y por eso concluye que están "legitimados" para ejercer acciones penales como acusadores particulares.
El ciudadano muerto
Los hechos que se imputan a los investigados -entre los cuales también está la secretaria general de ERC, Marta Rovira- es convocar grandes movilizaciones, especialmente en el aeropuerto del Prat, el 14 de octubre de 2019, cuando se publicó la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a elevadas penas de prisión a los líderes catalanes por sedición. También se los acusa de cortar de carreteras, como en la Jonquera, a pesar de que en este caso dos jueces, de Girona y Salt, ya han cerrado la investigación.
Por la acción en el aeropuerto de Barcelona, la Audiencia Nacional y el Supremo consideran que estos hechos tienen una finalidad terrorista porque se quería alterar el orden constitucional y la paz pública, a pesar de que la agencia gestora de los aeropuertos ha indicado que la afectación de la protesta fue mínima. Sin embargo, el Supremo no recoge en los hechos imputables a Tsunami la muerte del ciudadano francés, como insiste el juez García-Castellón, a pesar de que una jueza ya lo descartó.