La Audiencia Nacional no descarta que haya habido una "investigación prospectiva" contra la familia Pujol Ferrusola, pero "analizará la operación Catalunya y la intervención de Vicky Álvarez" en la sentencia. Así lo ha afirmado el presidente del tribunal, el magistrado Ricardo de Prada, este miércoles en el reinicio del juicio contra el expresident Jordi Pujol, sus siete hijos por la fortuna que tenían en Andorra y diez empresarios. “La sala no tiene suficientes elementos para emitir una resolución”, ha declarado el presidente del tribunal, que ha desestimado pronunciarse sobre todas las cuestiones previas de las defensas. Es decir, la no-competencia de la Audiencia Nacional en favor de la Audiencia de Barcelona, la doble incriminación con Andorra, la nulidad de las entradas y la prescripción de los delitos de falsificación documental y contra Hacienda.
No obstante, el tribunal ha aceptado que declaren como testigos cinco excargos policiales, solicitados por la defensa de Jordi Pujol Ferrusola, ejercida por Cristóbal Martell, e inicialmente rechazados. Son Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la policía española y único condenado por intentar incluir información obtenida ilegalmente de los Pujol en la investigación judicial; el excomisario jubilado José Manuel Villarejo, que ha confirmado la operación Catalunya dirigida por el gobierno del PP de Mariano Rajoy; los inspectores policiales Bonifacio Díez y Celestino Barroso, y el entonces comisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas. Todos ellos están imputados en Andorra por presionar a los titulares de la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información de los Pujol y políticos catalanes.
"Tendrán que justificar y acotar mucho las preguntas", ha alertado De Prada a las defensas en el caso de los nuevos testigos policiales. El tribunal, sin embargo, ha descartado que se creen comisiones rogatorias en Andorra, a pesar de que ha aceptado que la declaración de Villarejo en el juzgado del Principado sea aportada como documental. Tampoco ha aceptado que se pida desclasificar información de la operación Catalunya al Consejo de Ministros para no atrasar el juicio y convertir la causa en otra causa. El fiscal y el abogado del Estado no se han opuesto a su declaración. El tribunal también ha aceptado que declare como testigo Jordi Pujol Gironès, pedido por la defensa Mercè Gironès, exmujer de Pujol Júnior e imputada en esta causa.
Vuelven al banco de acusados
Resuelto el trámite de cuestiones previas, el juicio ha continuado con el interrogatorio de los tres primeros testigos; los tres por videoconferencia. Algunos de los hijos del president Pujol (Jordi, Marta, Pere y Oleguer) han vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, en Madrid, a pesar de que el tribunal les dispensó de ir hasta que les toque declarar, el próximo mayo.
Pujol, de 95 años, no se conectará desde su domicilio en Barcelona —como se le ha permitido— hasta que el tribunal lo vuelva a llamar. El tribunal ha sido criticado por mantener al expresident de la Generalitat en el procedimiento penal, a pesar de que los forenses certificaron sus problemas de salud y cognitivos por su edad avanzada. Anticorrupción pide entre 8 y 29 años de prisión para los Pujol por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y contra Hacienda, y cinco años de prisión para cada uno de los cinco empresarios.
"Mi madre estaba en casa y nos cuidaba"
La primera testigo en declarar ha sido Cristina Isabel de Francisco, que fue secretaria de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès hasta al 2016. Ha asegurado que ella rellenaba facturas para cobrar —como por ejemplo a constructoras— con los datos que le daban "los dos", a pesar de que ha admitido que Gironès no tenía cuenta corriente propia, ni correo electrónico, ni recibía a las visitas.
La hija de Pujol Júnior y Gironès, Núria Pujol Gironès, de 33 años, es quien ha desvinculado más a su madre de los negocios de su padre, a preguntas de Oriol Rusca, abogado de Gironès. "Mi madre estaba en casa y nos cuidaba", ha manifestado Núria, que también ha explicado que la separación de sus progenitores en 2011 "fue dura y su madre sufrió una depresión". También ha explicado que el piso de Ganduxer, de la empresa de sus padres y donde vive ahora, se lo compró a sus padres, con una aportación de unos 495.00 euros que le dieron ellos. Fue en el acuerdo de separación en 2014 —justo cuando los Pujol ya eran investigados— y fue a vivir allí en 2016. Inicialmente, Anticorrupción pide 17 años de prisión para Gironès, la segunda pena más alta, por compartir los negocios de Pujol Júnior.
Preguntada por el abogado del Estado sobre si sabían que la familia tenía dinero en Andorra, la nieta del president Pujol ha contestado: "Unos días antes de que lo dijera mi abuelo, nos lo explicaron por encima".
Finalmente, el tercer testigo ha sido José Luis Perelló Molne, que ha explicado que vendió un chalé en Pedralbes a Pujol Júnior por unos 21.000 euros y que se escrituró por 2,4 millones de euros. Ha añadido que la finca tuvo "muchas mejoras", y que durante unos años reclamó que cambiaran el nombre de la titularidad porque le llegaban los recibos de los impuestos, que pagaban los Pujol.
"¡Felices fiestas!", se ha despedido el presidente del tribunal al acabar la sesión. Y es que el juicio a los Pujol no se retomará hasta el próximo 12 de enero con el interrogatorio de más testigos.