Paro parcial. La Audiencia de Barcelona ha ordenado al juez del caso Volhov, sobre supuestos ilícitos en el independentismo catalán, que justifique mejor la investigación sobre el patrimonio de Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina del president Puigdemont, y sobre el trabajo que hizo la Diputación de Barcelona. El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, presentó recurso contra esta investigación encargada por el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, el mayo pasado a la Guardia Civil al considerarla "prospectiva", un hecho prohibido en el ámbito penal. La sección 21 de la Audiencia descarta que sea una investigación de "inquisición general", pero revoca la resolución del juez y le ordena que la vuelva a hacer de forma más motivada.
En la resolución ahora revocada, el magistrado Aguirre encargaba a la Guardia Civil investigar el patrimonio de Josep Lluís Alay, razonando que su antecesor en la Diputación de Barcelona, como jefe de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, es investigado por supuestas irregularidades en la adjudicación de subvenciones a entidades próximas en Convergència. La Audiencia de Barcelona razona que esta investigación se inició hace seis años y que "ciertamente el mero hecho de sustituir a una persona en el cargo no es una sospecha sólida". Con todo, el tribunal añade que el segundo argumento de juez es que asegura que cuando Alay asumió el trabajo en la Diputación también se resolvieron algunas subvenciones bajo sospecha y eso el tribunal lo considera "una solidez que justificaría la investigación de su patrimonio". Por eso, le ordena que rehaga el encargo a la Guardia Civil y sin saber los resultados ya aportados sobre los viajes de Alay en nombre de la Diputación de Barcelona.
Investigación "excéntrica"
El mayo pasado, el director de la Oficina del presidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, calificó de "excéntrica esta resolución del titular juzgado de instrucción 1 de Barcelona, en la cual indica que amplía las investigaciones contra él y le ofrece si quiere personarse en el caso Diputación de Barcelona. "Es excéntrica porque la resolución no tiene ningún soporte legal, partiendo de una investigación ilegal, por prospectiva y porque el ofrecimiento de personarse cuando la ley no prevé esta posibilidad para un potencial investigado", afirmaba el abogado de Alay, el penalista Gonzalo Boye, en el recurso de reforma presentado ante la Audiencia de Barcelona, en el cual pide que detenga esta instrucción porque es con finalidades "persecutorias".
El magistrado Joaquín Aguirre investiga Alay en el caso Volhov, derivado del caso Diputación, pero no en este. "Es una invención de este procedimiento que se diga que Alay tiene contactos con la mafia rusa y el Kremlin", remachaba Boye.
El caso del Mosso
Por otra parte, el juez del caso Volhov, ha citado a declarar como investigado el director de la Oficina del president Puigdemont este mes de julio. En este caso, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona quiere aclarar si Josep Lluís Alay se aprovechó de información reservada al pedir a un agente de los Mossos d'Esquadra si había un control o requerimiento policial contra él, en julio de 2020. El agente de los Mossos también ha sido citado como investigado.