El presidente de Empresaris de Catalunya, José Bou, ha avisado hoy a la Generalitat de que la mayoría de plataformas empresariales catalanas no facilitarán sus datos fiscales y de la Seguridad Social de sus trabajadores a la Agencia Tributaria catalana, si finalmente el Parlamento aprueba su creación.

En declaraciones a los medios después de registrar en la sede del Defensor del Pueblo un documento pidiendo el amparo de la institución, Bou ha asegurado que los empresarios "no se quedarán sin hacer nada" y ha informado de que, según un estudio propio, más del 60% de los empresarios de esta asociación (que representa 400 compañías catalanas) estaría dispuesto a deslocalizar sus empresas e irse de Catalunya.

Bou ha subrayado que la puesta en marcha de una Agencia Tributaria catalana dejaría "como residual o inexistente" la Agencia Tributaria del Estado y "no nos podemos imaginar a un empresario de Vic o Girona con dos recibos para pagar, una de la Administración catalana y otro del Estado".

"Eso es una cosa que no puede ocurrir, es ciencia-ficción, crea una gran inseguridad jurídica y perjudica el crecimiento económico y el empleo" ha dicho al presidente de esta organización empresarial, que agrupa más de 400 empresarios favorables al hecho de que Catalunya siga en España y Europa y que por lo tanto rechaza la secesión.

"Temor" a la actividad de la Administración catalana

No obstante, Bou ha dejado claro que los empresarios no temen represalias por parte de la Generalitat, aunque sí que hubo un tiempo en el cual estaban preocupados. Otra cuestión, ha dicho, sería que la Administración catalana empezara a actuar por|para su cuenta, ya que "entonces empezaríamos a tener cierto temor".

Bou ha insistido en que confía plenamente en el Estado, en el Poder Judicial y en el Gobierno de la nación "y queremos entender que la ley se aplicará en la medida y con la ponderación necesaria". Si no fuera así, ha vaticinado que lo que puede ocurrir a Catalunya es que "la democracia quede deshecha".

Previamente a entregar al Defensor del Pueblo el escrito de queja, Bou ha mantenido un encuentro con su presidenta, Soledad Becerril, a quien ha visto "receptivo" a sus demandas. En concreto, esta asociación ha pedido a la Defensora del Pueblo que intervenga con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores y las empresas delante la pretensión del Parlamento de aprobar las denominadas leyes de Desconexión.