El anuncio del Govern ayer de que se puede romper el confinamiento municipal para asistir a mitines electorales ha sorprendido e indignado a la ciudadanía. Lo que es una excepción absolutamente escrupulosa con el derecho fundamental se ha tomado con enfado después de meses de restricciones y del intento de los partidos de aplazar las elecciones del 14 de febrero por motivos de crisis sanitaria. No se entiende. Al menos, la ciudadanía no lo entiende tal como se ha comunicado.

Para entender la decisión del Govern y la reacción ciudadana y, sobre todo, la del colectivo cultural de Catalunya, que está sufriendo todavía los efectos del confinamiento de hace un año, hay que analizar el contexto actual: Casi un año de restricciones y medidas, intento de aplazamiento de elecciones, datos epidemiológicos, situación económica familiar y una posible crisis económica de futuro a nivel de país.

El profesor de derecho constitucional David Pérez, de la Universitat de Barcelona, hace una reflexión sobre como "hemos normalizado la restricción de derechos fundamentales", destacando más lo que nos dejan hacer que lo que no se puede hacer. "Hemos interiorizado rápido el discurso de restricción de derechos fundamentales," dice en declaraciones a ElNacional.cat.

Cuando Meritxell Budó, a preguntas de un periodista, respondió durante la comparecencia que el confinamiento municipal se podría romper para asistir a mítines políticos para garantizar "la participación política", no hacía nada más que aplicar un derecho fundamental sobre el papel. "En el fondo es una cosa superescrupulosa", dice Pérez. "Otra cosa es que teniendo en consideración la propia percepción de riesgo que tuvo la Generalitat de Catalunya cuando decidió desconvocar las elecciones, eso chirría, provoca una cierta confusión en la población sobre la percepción de riesgo y las cosas que podemos o no hacer. Pero eso no es una reflexión constitucional, eso es una reflexión de salud pública y de políticas públicas".

En nuestros días pretender que un mitin sea lo mismo que una manifestación avalada en tiempo de pandemia para garantizar el derecho de reunión no se entiende, y de hecho no es lo mismo: "Los mítines son un poco anacrónicos. El mitin electoral es el ejercicio de derecho a reunión, sin duda, pero no es realmente la herramienta de participación de creación de un espacio político. Más bien se trata de un acto de marketing político, o de propaganda política. Las personas que van a los mítines no están construyendo un mensaje político, ni están creando una línea política, sino que están como público para demostrar la fuerza que tiene el partido político que está dando el mitin. Es un poco extraño que con tanta restricción eso sea excepcional. Pero en el fondo lo que está haciendo a la Generalitat de Catalunya es una cosa superescrupulosa con la vertiente constitucional".

El derecho a participación política se equipara al derecho a manifestación. En pleno estado de alarma de la primavera pasada ya se puso sobre la mesa el derecho a manifestación con motivo del 1 de mayo y se resolvió que no se podía vulnerar y que se tenían que establecer medidas para poder garantizar el ejercicio de este derecho con seguridad. "No puedes suspender reuniones, pero sí que puedes establecer las precauciones para que no haya ningún peligro para las personas. Pero aquí vamos un poco más allá. ¿Cubre el derecho de reunión desplazarse a otro municipio para ir a un mitin? Aquí habría un cierto margen, pero como no estamos restringiendo sino que estamos autorizando, desde el derecho constitucional la única cosa que podemos decir es que estamos siendo superescrupulosos y cuidadosos con este derecho", dice Miquel Pérez.

"Es desde la vertiente de la salud pública donde tendremos que pedir cuentas. ¿Estáis siendo cuidadosos? ¿Realmente hay que ir más allá? Yo creo que aquí es la visión del epidemiólogo, el experto en salud pública, la que necesitáis", concluye Pérez.

Y después está el factor de la comunicación política. "La información política no se hace como se hacía en el siglo XX yendo a los mítines para enterarse de cuáles son las propuestas políticas de los candidatos, ahora lo haces a través de la prensa, del correo electrónico o las redes sociales. El mitin electoral como una herramienta de participación política del que asiste, parece superformalista.

Miquel Pérez acaba con una sensación generalizada, que, de hecho, es lo que ha generado la polémica: "¿Los partidos políticos son congruentes con los mensajes que están enviando de lucha contra la pandemia? Si un partido político ha promovido la desconvocatoria de elecciones por el riesgo epidemiológico y después se da un hartón de dar mítines y convoca a la gente... Su estrategia es un poco incongruente."

El Procicat, un nuevo certificado para moverse y la picaresca

Cuando el Departament d'Exteriors compareció para explicar el detalle de cómo podríamos votar en medio de la pandemia, centró toda la atención en el día de la votación pero no entró en el detalle de cómo sería la campaña. Se daba por hecho que los partidos innovarían y harían los actos telemáticamente, como ya ha pasado con algunas formaciones en los actos de precampaña. Pero no. Todo lo contrario. A dos días para el inicio de la campaña, los partidos han anunciado mítines, prácticamente diarios, e incluso autocares de campaña para los periodistas.

Ahora mismo, y en función de lo que ya aprobó el Procicat el mes de junio pasado, los actos políticos no pueden superar las restricciones del momento. Por lo tanto los mítines electorales tienen que tener 500 personas de público como máximo. Las medidas también prevén que si hay restricciones comarcales, los actos políticos estén sujetos a ellas.

Protección Civil previó las medidas amparándose en el derecho de manifestación. En este sentido, el derecho de participación política es igual y no se puede vulnerar.

Si se prohibiera la asistencia a los mítines, se podría dar el contrasentido de que se tendría que autorizar una manifestación contra la vulneración de este derecho, que además se podría desplazar y cambiar de municipio. Una paradoja que ha atrapado a diferentes departamentos del Govern, que a 48 horas del inicio de la campaña electoral ven estallar una nueva polémica.

Hoy se tiene que determinar cómo será el certificado o justificante de desplazamiento para los que quieran asistir a los mítines. En el horizonte está la picaresca que se pueda aplicar para moverse libremente por el territorio con el pretexto de asistir a los mítines electorales.