El Govern ha quedado atrapado entre la alerta que levantó sobre los riesgos de mantener las elecciones el 14 de febrero en plena resaca del pico de la pandemia y la decisión del TSJC de mantener la fecha de los comicios. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha asegurado hoy que el ejecutivo está comprometido con que "estas elecciones se puedan hacer con total seguridad".

La portavoz, que ha admitido la preocupación ante el más que posible crecimiento de la abstención, ha insistido una vez y otra en el compromiso del ejecutivo de garantizar la "máxima seguridad" de los votantes y de todas aquellas personas que participen en la jornada electoral.

Ha insistido en animar a utilizar el voto por correo, y ha recordado medidas como el establecimiento de franjas horarias o la propuesta de los test rápidos para los miembros de las mesas, a los cuales se les proporcionará un EPI para la última franja de votación. "Estamos velando para ver de qué manera podemos incrementar todavía más estas garantías necesarias", ha asegurado.

No hay confinamiento para los mítines

En el otro plato de la balanza, ha señalado las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la campaña y el proceso electoral. Ha asegurado que, ante la necesidad de preservar el derecho a la participación y el derecho al voto, no habrá restricciones de movilidad para aquellas personas que aleguen que tienen que cambiar de municipio para asistir a un mitin electoral.

Para evitar cualquier obstáculo, ha explicado que el certificado de la Conselleria d'Interior deberá recoger este motivo de desplazamiento por un acto electoral. "El derecho a la participación política es un derecho fundamental. El Govern tiene que garantizar el derecho a la participación y por eso estará garantizada esta movilidad", ha asegurado.

Máxima celeridad al TSJC

El ejecutivo está todavía a la espera de que el TSJC le comunique si se ha formalizado la demanda contra la suspensión del 14-F. En el momento en que se confirme este extremo, tendrá que activar la respuesta de los Serveis Jurídics, Salut y Exteriors. Budó ha insistido, como ya hizo la semana pasada, en pedir al tribunal "la máxima celeridad" para tomar su decisión, aunque el TSJC ya situó el 8 de febrero, en plena campaña, como la fecha final.

Budó no ha avanzado si el Govern tiene intención de pedir nuevas restricciones, que ha condicionado a la reunión del Procicat del próximo lunes. En cualquier caso, ha recordado que en estos momentos hay ya casi 700 camas de UCI ocupadas por enfermos de la Covid-19 y casi 400 por otras patologías; que en las últimas 24h ha habido 75 defunciones y 3.678 positivos. "Nos hemos instalado en una especie de rellano, que es insostenible porque tenemos datos altísimos", ha advertido.

Illa: "Balance 0"

En relación a la marcha de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad para participar en las elecciones catalanas como candidato del PSC y la designación como ministro del primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, Budó ha ironizado sobre el peso que ha representado tener un ministro catalán en Madrid —"no es que hayamos mucho de las demandas que provienen de Catalunya", ha explicado— y ha resumido en un "balance 0" para Catalunya su gestión. "Deseo de todo corazón que Iceta tenga más éxito que Illa en todo aquello que representan las medidas necesarias para Catalunya", ha remachado.

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