El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha resuelto este viernes archivar el expediente sancionador contra la Assemblea por la campaña de 'Consumo Estratégico'. La instrucción ya concluyó en diciembre con una propuesta de resolución que proponía no sancionar la ANC por esta campaña y archivar el expediente, pero quedaba pendiente de que el Consejo resolviera si aceptaba o no la propuesta de archivo. Este órgano abrió un expediente sancionador en diciembre de 2020 por posibles "prácticas desleales que distorsionan gravemente" la competencia en el mercado. La campaña fue cerrada en el 2019 por el juzgado mercantil número 11, el cual dictó a favor de Foment del Treball, entidad que había llevado el caso a la justicia por "boicot" a las empresas que no son pro-procés.

La CNMC abrió el expediente después de que el Tribunal Constitucional determinara que el organismo competente para resolver esta cuestión era la CNMC. Ahora pues, se resuelve que la entidad no incumplió ninguna ley en la campaña 'Consum Estratègic', que tenía como objetivo "apoderar a la sociedad catalana en el ámbito económico, consistente en una página web con un buscador en que el consumidor puede buscar empresas según si cumplen ciertos requisitos como el respeto por el medio ambiente, responsabilidad social, ser cooperativa y atender en catalán, entre muchas otras. Pero la patronal Foment del Treball llevó la ANC a los tribunales al considerar que la web de consumo suponía un buscador "de empresas afines al procés independentista".

A pesar del archivo del caso, la ANC no está satisfecha con el proceso porque la incoación de un expediente sancionador como infractora de la ley de defensa de la competencia a una asociación civil "supone un precedente inquietante para la libertad de expresión y asociación". En este sentido, señalan que considerar la Asamblea como empresa cuando no obtenía ningún beneficio económico de la campaña, es también "un precedente peligroso para otras asociaciones que puedan ejercer un rol de prescriptores de tendencias de consumo".

En este sentido, la presidenta de la entidad, Dolors Feliu, ha alertado de la vulneración de derechos que supone esta causa: "Aunque estamos satisfechos porque no recibiremos las sanciones económicas desorbitadas que pretendía Foment del Treball y que podrían haber comprometido el futuro de nuestra entidad, el mero hecho de que se haya instruido este expediente sancionar por una campaña legítima, es una vulneración flagrante de derechos fundamentales y tiene una finalidad represiva".