El Juzgado 9 de Barcelona ha decidido archivar la denuncia que la CUP interpuso por el cerco policial en su sede el pasado 20 de septiembre. Alega que la Policía española "se limitó a intervenir el material propagandístico en cumplimiento de la instrucción de la Fiscalía, sin que la duración de la intervención policial se pueda entender como delito". Desde la CUP, recuerdan que los agentes no tenían orden judicial.
La jueza no ha aceptado la citación de testigos de los hechos, cosa que pedía el equipo legal de la CUP para "dejar constancia del tiempo que los cuerpos policiales habían estado delante la sede", ya que no constaba en el informe policial de aquel día.
En el auto, la magistrada expone que dos agentes de "la Policía llevaron a cabo tareas de vigilancia de la sede desde las 8h de la mañana" y enmarca la actuación policial, por órdenes de la Fiscalía, "dentro del seguimiento que la Brigada Provincial de Información de Barcelona venía realizando en busca de actividades colectivas e individuales relacionadas con el apoyo a la preparación y celebración del referéndum".
La CUP denuncia que de esta manera da validez a la interceptación de carteles y defiende que el partido no es una "institución" y, por lo tanto, no estaban afectados por la prohibición del Tribunal Constitucional. Además, creen que la instrucción no se ha llevado a cabo "como le correspondería a un órgano judicial" ante una "clara vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de un partido político".
El día 20 de septiembre, la sede nacional de la CUP en la calle Casp de Barcelona fue rodeada por agentes y coches de la Policía española durante más de siete horas, cortando la circulación de la calle, intentando acceder dentro de la sede sin orden judicial y requisando material de campaña.