El president Pere Aragonès ha definido de "gran acuerdo de país" el pacto para modificar la ley de Política Lingüística. El PSC, Esquerra Republicana y Junts han firmado un acuerdo que apuesta por la lengua catalana como vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y, en cambio, el castellano se ha definido como lengua de uso curricular. Esta modificación, según Aragonès, ayuda a "defender" el catalán en la escuela, además de "garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades". Sobre las negociaciones con los socialistas, ha argumentado que "todo consenso es imprescindible" para proteger la lengua del país y ha querido agradecerlos la "generosidad" y el "esfuerzo". De hecho, el PSC, a través de la portavoz Alícia Romero, ha afirmado que el pacto mantiene el catalán como "centro de gravedad" y se garantiza el castellano como "lengua de aprendizaje".

Las negociaciones de última hora de este martes se han acabado pocos minutos antes de que cierre el registro del Parlamento, a las seis de la tarde. Una vez registrada la propuesta, los partidos ya han solicitado una reunión de la mesa y una Junta de Portavoces extraordinarias esta misma tarde con el fin de incluir esta ley en el pleno de esta semana, con la intención de tener así una herramienta más para combatir el ultimátum del TSJC sobre el 25% del castellano en las aulas. De hecho, esta ha sido una cuestión clave para los partidos, que han recordado repetidamente que el auto del tribunal marca como fecha límite para aplicar la sentencia el 31 de mayo. La intención es que la ley se apruebe extraordinariamente el viernes.

El texto acordado

El nuevo acuerdo del catalán tiene forma de proposición de ley, y hace referencia en su título a "el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales a la enseñanza no universitaria". El documento remarca que la propuesta tiene como objetivo regular el uso y aprendizaje en la enseñanza "de acuerdo con criterios pedagógicos", lo cual se enmarca en la línea del relato de los partidos, que han querido alejar esta cuestión de las decisiones de los tribunales. Con respecto a uno de los elementos centrales del pacto, que es la presencia del catalán, el texto recoge que, como idioma propio de Catalunya, "es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado". Con este punto se pretende revertir un elemento mucho cuestionado del acuerdo del 24 de marzo, ya que eliminaba un artículo de la normativa vigente en que se afirmaba que "el alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo de Catalunya tiene que recibir un apoyo especial y adicional de enseñanza del catalán".

Por otra parte, también se hace referencia a uno de los principales escollos que dificultaban el acuerdo entre las cuatro formaciones: la presencia del castellano en las escuelas. El nuevo texto mantiene que tanto esta lengua como el catalán "tienen que estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos a fin de que todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria". Con este vocabulario, se intenta superar el malestar que suponía esta cuestión tanto para Junts, que quería limitar la presencia del castellano, como para el PSC, que quería garantizar su uso a las escuelas con una consideración formal similar en la del catalán y exigía que hubiera un "reconocimiento" del castellano.