El vicepresidente Pere Aragonès ve "precipitado" levantar el confinamiento total el día 13 de abril, tal como prevé el gobierno central, y considera que el desconfinamiento "tiene que ir acompañado de tests masivos para evitar "rebrotes". Así lo ha defendido durante la comisión de economía celebrada este lunes por la mañana en el Parlament sobre la gestión del coronavirus, celebrada de forma telemática. Además, Aragonès también ha avisado al gobierno de Pedro Sánchez de que hacen falta "garantías" para los trabajadores que vayan a trabajar, ya que, si no, "tendrá impactos en términos de desigualdad".

Según el también dirigente republicano, sólo se podrán empezar a tomar medidas de desconfinamiento" cuando haya una reducción sostenida de los casos, tanto de los muertos como de los contagios, durante al menos 14 días, que es el tiempo de incubación del virus, y también cuando los hospitales estén "por debajo de la capacidad máxima". Una situación en la cual avisa de que todavía no se ha llegado. Además, también ha alertado de que hasta que no haya una vacuna y se pueda hacer un seguimiento del sistema inmunológico de la ciudadanía, habrá que mantener "medidas de prevención".

"El mundo de después el conronavirus no será como febrero 2020, será diferente. Tendremos que repensarnos", ha avisado en este sentido.

Retorno de competencias

Por otra parte, después de que este domingo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidiera al Gobierno el retorno de competencias retiradas por el estado de alarma, el vicepresidente también ha insistido en esta idea durante la comparecencia. A pesar de dejar claro que no quiere "entrar en una guerra de reproches", sí que ha avisado de que "la realidad ha superado la recentralización" y ha asegurado que si la Generalitat no hubiera adquirido material por su cuenta y hubiera esperado a lo que tenía que llegar Madrid, ahora no habría suficente. "Eso se tiene que revisar", ha apuntado Aragonès.

En este punto, también ha pedido al Estado español más aportaciones para hacer frente a la pandemia y ha lamentado que sólo se hayan recibido 45 millones de euros para políticas sociales y 50 millones para la salud, cuando en realidad la Generalitat prevé un aumento del gasto sanitario de hasta 1.800 millones. Además, ha asegurado que se ha producido un "recorte negativo", ya que, si bien han llegado estos 95 millones, ha explicado que "se han recortado 215 millones" en políticas de ocupación. "Hemos perdido 120 millones de euros. Eso se tiene que revertir", ha avisado Aragonès, a pesar de asegurar que entiende la "dificultad" de tesorería del Gobierno, especialmente después de la acumulación d'ERTOs.

Aplazamiento de impuestos: sucesiones y bebidas azucaradas

Por otra parte, sobre la situación económica, Aragonès ha reconocido que la crisis provocada por la pandemia no tiene "precedentes" y que sólo es comparable a "una guerra" y ha avisado de que no se pueden utilizar "las mismas recetas del 2008" porque "no estamos ante una crisis de la misma naturaleza". En este sentido, ha recordado que el "choque" es externo a la económica y que, por lo tanto, ahora el primer objetivo tiene que ser "salvar vidas". "Sin vidas no habrá recuperación económica. Tiene que haber vidas para ganar", ha defendido en este sentido.

En este punto ha adelantado que este martes el Consejo Ejecutivo del Govern aprobará varios aplazamientos en el pago de impuestos, como son el de sucesiones, el impuesto sobre las bebidas azucaradas y el canon del agua industrial. Según el vicepresidente, hay que inyectar liquidez a la economía productiva", por lo que ha pedido al Gobierno que actúe de la misma manera con sus impuestos, especialmente con el cobro de los autónomos y de la seguridad social. "Creemos que se ha llegado tarde", ha lamentado Aragonès.

Con todo, ha avisado de que "todo lo que no se haga ahora serán lastres" para la "fase de reconstrucción" y ha avisado de que no saldremos adelante aplicando "políticas de austeridad". Por eso, ha apostado por un fortalecimiento del estado del bienestar y ha avisado de que "lo que da tranquilidad son las batas blancas y no los uniformes verdes".

Presupuestos de la reconstrucción

Finalmente, en la misma comparecencia, Aragonès también ha aprovechado para hacer un nuevo llamamiento para aprobar los presupuestos de 2020 y ha pedido a Ciudadanos que retire la demanda de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias para poder aprobarlos cuanto antes mejor.

En este punto, ha recordado que habrá que adaptarlos a la crisis del coronavirus, pero ha reiterado que los de 2017 prorrateados son todavía peores y ha apostado por modificarlos una vez aprobados porque si no se retrasara todo seis meses. Así, se ha mostrado dispuesto a acordar "las líneas maestras" de estas modificaciones y ha hecho un llamamiento al resto de grupos a "remar juntos" para convertir estas cuentas "en los presupuestos de la reconstrucción". 

La oposición urge un plan de choque

Por parte de los grupos de la oposición, el PSC ha aprovechado la comparecencia para urgir la Generalitat a impulsar decretos con medidas de choque para aplacar la crisis económica y social derivado del coronavirus, sin esperar que haya unos nuevos presupuestos de la Generalitat, dado que todavía no hay fecha para aprobarlos. También lo han pedido los comunes que, a pesar de garantizar el apoyo de su grupo en las cuentas, han reclamado ya empezar a prever un plan de reconstrucción económica.

La CUP, por su parte, también ha afirmado que el Govern puede contar con su subgrupo para hablar de modificaciones presupuestarias si estas apuestan "por servicios públicos, por educación y sanidad" y ha subrayado que es el momento de "redistribuir" la riqueza.

Finalmente, Ciutadans y PP han sido los grupos más críticos con el Govern. El partido naranja se ha mostrado "decepcionado" con el Govern y ha insistido en que el ejecutivo catalán tiene que hacer unos nuevos presupuestos para el 2020. Quie paralizó la aprobación de los presupuestos llevándolos al Consejo de Garantías Estatutarias, ha asegurado que ha quedado en "papel mojado" y ha emplazado aqué elimine "el gasto superfluo" de las cuentas y el "despilfarro". Los populares han pedido, por su parte, eliminar "gastos separatistas" como las delegaciones en el exterior.