Gonzalo Boye está recibiendo un alud de muestras de apoyo a las redes sociales después de que la jueza de la Audiencia Nacional haya ordenado el registro del domicilio y el despacho del abogado de Carles Puigdemont en el marco de una investigación por blanqueo de capitales. Es común la idea de que con esta actuación se busca criminalizar al letrado que se encarga de la defensa del presidente en el exilio y del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la causa por los lazos amarillos.

Precisamente el presidente Carles Puigdemont ha sido de los primeros al mostrar su apoyo a su abogado. "Lawfare a todo trapo", asegura a Puigdemont, que destaca que "cuando alguien los gana las partidas y los deja en evidencia, embisten sin miramientos.

También el president de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado su apoyo al abogado. "Eres más consciente que nadie de que la represión no tiene límites", asegura Torra a través de un tuit.

En la misma línea se expresa el también abogado y dirigente d'En Comú Podem, Jaume Asens. Con un mensaje muy contundente Asens afirma "una vez condenados los presos, ahora van por los exiliados. Y empiezan por su abogado. Es de manual".

Más contundente todavía se ha expresado la consellera en el exilio Clara Ponsatí, que desde Escocia se dirige a Gonzalo Boye para asegurar "están cagados".

De su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha calificado de vergüenza la actuación ordenada por la Audiencia Nacional y ha denunciado que se una acción propia de un estado policial. "No soportan su acción jurídica internacional".