La Oficina Antifraude de Catalunya quiere promover las denuncias de otro perfil de casos de corrupción que afectan a la ciudadanía y ahora mismo no llegan a la OAC.

Por eso se ha elaborado un estudio que aborda la relación entre la corrupción y los derechos humanos donde se identifican vulneraciones de derechos humanos derivadas de los actos corruptos. El principal objetivo del trabajo es proporcionar un marco de reflexión y actuación que haga posible la aplicación de los principios y mecanismos de derechos humanos en los programas de lucha contra la corrupción. Según el estudio "una mayor garantía de los derechos humanos reduciría la corrupción" y con este objetivo se ha elaborado una guía práctica de buen gobierno.

El trabajo ha sido desarrollado por el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC) y coordinado por la Dirección de Prevención de Antifraude. Para hacer el estudio se han hecho varias entrevistas a David Fernández, Miguel Ángel Gimeno, Simona Levi, Juan Manuel Lazo, Joan Linares, Carles Marc, Andreu Missé, Enric Morist y Santiago Tarín.

El estudio incluye un análisis de casos investigados por la Oficina Antifraude y sus afectaciones sobre los derechos humanos y cambia la definición de corrupción tal como la entendíamos hasta ahora: "el abuso de poder destinado a obtener beneficios privados".

Un concepto más amplio de corrupción

Antifraude propone que ante la multiplicidad de situaciones relacionadas con la corrupción y la necesidad de recoger aquellos casos relacionados que también vulneres los derechos humanos se amplíe la definición: "La corrupción es la lista de infracciones sancionables que, con determinadas características y bajo el encabezamiento de 'corrupción', tendrá efectos que, a veces, supondrán violaciones de los derechos humanos y, casi siempre que exista un uso indebido de fondos públicos, causará un impacto en materia de derechos humanos".

Ante el nuevo enfoque, el bien jurídico protegido y los delitos que se corresponden con la corrupción, y que básicamente sueño delitos contra la Administración Pública, se amplían para dar cobertura al "correcto cumplimiento de las tareas y deberes que se delegan y se encargan a determinadas personas para que administren el Estado en beneficio de los ciudadanos". "Un enfoque de derechos humanos que comporte la centralidad de las víctimas", según consta en las conclusiones del estudio de Antifraude.

Y en este sentido el organización defiende que la lista de bienes jurídicos protegidos bajo el paraguas de la corrupción sean también el respeto, la promoción, la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas y grupos de personas afectados por los actos de corrupción. "Eso nos permitirá transitar hacia la centralidad de las víctimas, ya que es una de las cuestiones esenciales en cualquier estrategia de lucha contra esta lacra con enfoque de derechos humanos", dice el estudio.

"La corrupción afecta a los individuos, las comunidades y la sociedad en su conjunto y, por eso, no es posible pensarla como uno ilícito sin víctimas, como se ha insistido en reiteradas ocasiones; cuando se presentan casos o sistemas de corrupción es necesario que los Estados y las administraciones hagan un esfuerzo por identificar a las víctimas, determinar el daño causado y tomar las medidas adecuadas para su reparación integral," añade el estudio en su apartado de conclusiones.

El estudio detalla que aunque la corrupción puede afectar múltiples derechos fundamentales, hay casos especialmente preocupantes como el derecho a la igualdad y la no discriminación: "Los actos de corrupción suponen un trato diferenciado injustificado y tienen un propósito o efecto de tal índole. Es decir, todo acto de corrupción representa la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación".

La educación como herramienta básica

Entre las principales conclusiones, sin embargo, destaca la educación como herramienta para combatir la corrupción a todos los niveles de la administración: "A largo plazo, uno de los remedios más eficaces contra la corrupción y sus efectos es la educación social, la defensa absoluta de los derechos humanos y un buen diseño institucional. El papel de los medios de comunicación también es clave, no solamente al investigar, sino también al alertar sobre situaciones opacas, poco claras, al ejercer el derecho a informar. Asimismo, también es fundamental tener en cuenta la protección de los denunciantes de corrupción (alertadors) desde el enfoque de género y basado en derechos humanos en la lucha contra la corrupción".

Para dar respuesta a esta ampliación del término de corrupción y que incluya la vulneración de los derechos humanos dentro de las posibles malas prácticas de las administraciones, el estudio propone que existan mecanismos separados "por|para el qué hace al ámbito de los derechos humanos y para las actividades de lucha contra la corrupción, pero que trabajen, necesariamente, en estrecha cooperación, más que para la creación de un mecanismo con funciones acumulativas".

 

 

Junto con el estudio se ha elaborado una guía como herramienta divulgativa para el buen gobierno. Tiene como objetivo sensibilizar sobre el impacto de la corrupción en los derechos humanos y sobre la importancia de incluir un enfoque de derechos humanos en la lucha contra la corrupción.