“Desde la toma de posesión del señor de Alfonso hasta su cese se van produciendo una serie de conductas continuadas, persistentes y repetidas que provocan un perjuicio al presupuesto público mediante una arquitectura que lleva a incluir unos conceptos indebidos en las nóminas de determinadas personas próximas al círculo de dirección”. Así ha resumido Rosa Maria Pérez, abogada de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), los hechos por los que pide a Daniel de Alfonso, que fue director de la OAC entre 2011 y 2016 y fue cesado después de que se filtraran audios con Jorge Fernández Díaz, que devuelva 205.000 euros que se pagaron en nóminas computadas irregularmente. Después de siete años de procesos contables, hoy se ha celebrado la vista del juicio en el Tribunal de Cuentas y ahora la consejera Elena Hernáez Salguero tiene veinte días para emitir una sentencia.

La OAC pide a De Alfonso que devuelva 180.000 euros que él cobró indebidamente por unos trienios que hinchó y 2.400 euros como complemento de calidad y 23.000 euros que cobraron de más Josep Maria Sangenís (que era jefe de Administración y Recursos Humanos) y Maite Masià (que era directora adjunta de la OAC). Durante la vista, Rosa Maria Pérez ha destacado que De Alfonso era “quien ordenaba todos los pagos”, que “no se hacían sin su firma”. “Él lo decidía, él lo ordenaba y él lo percibía”, ha subrayado. La Oficina Antifrau considera que está “absolutamente probado” que hubo un “desvío de patrimonio público a patrimonios privados” a través de una arquitectura para conseguir” que las retribuciones de “determinados empleados del círculo de dirección aumentaran indebidamente”. “Integra un mismo modus operandi durante todo el mandato del señor De Alfonso que se produce de manera continuada y que provoca un perjuicio constante, permanente y repetido en el tiempo del patrimonio público hasta que el señor De Alfonso cesa”, ha insistido Rosa Maria Pérez.

Por una actuación “consciente, voluntaria y querida” o por no haber sido “más preguntón”

“Nos llevan a afirmar sin ningún tipo de duda que el comportamiento es absolutamente doloso porque era consciente. Es una actuación voluntaria y querida de ordenar todos estos pagos y de propiciar un aumento salarial importante de unas personas muy determinadas”, ha argumentado la abogada de Antifrau. En cambio, lejos de este relato, el abogado de Daniel de Alfonso, Santiago Milans del Bosch, ha negado la responsabilidad de De Alfonso y ha querido sacarlo de todo lo que tenga que ver con las nóminas: ha afirmado que la demanda va contra él solo “por firmón” y por no haber sido “más preguntón” y ha rechazado que quisiera “diseñar un plan para dañar al erario público”.

Asimismo, ha intentado colgar el muerto a Josep Maria Sangenís: “Ha quedado acreditado que la gestión económico-financiera y la elaboración de las nóminas era exclusiva responsabilidad del señor Sangenís”, ha esgrimido. “Casualmente, al único que se han le han hecho la revisión de oficio y se han dirigido una querella, algo de responsabilidad tenía”, ha añadido. Asimismo, se ha escudado en la confianza que Daniel de Alfonso depositó en él: “No es ignorancia deliberada, es una confianza plena”. “¿Quién se lo pasa a firmar? De una materia que no conoce. En materia económica, no tiene ni pajolera idea. ¿Acaso esto es tan difícil de creer? Demuéstreme lo contrario”, ha reiterado.

“¿Queremos dar una sentencia de escarmiento al traidor a Catalunya?”

Durante su intervención, Santiago Milans del Bosch también ha sacado a colación los hechos que desembocaron en el cese de Daniel de Alfonso y ha cuestionado la investigación que ha acreditado las nóminas indebidas que cobró. “No se le echa por irregularidades, se le echa por un móvil político: se le nombra prácticamente enemigo número uno de la Generalitat”, ha recordado. Se refiere al audio en el que Jorge Fernández Díaz le decía que “esto la Fiscalía te lo afina”. “Ha tenido que de irse de su Catalunya querida, cambiar de destino y, además, con la agravante de haber padecido un ictus como consecuencia de todo esto”, ha proclamado. Y ha duado de los objetivos de la Oficina Antifrau: “¿Queremos dar una sentencia de escarmiento al traidor a Catalunya o queremos buscar la verdad?”, se ha preguntado.

Finalmente, también ha querido deslegitimar las pruebas que ha aportado la Oficina Antifrau, que son certificados emitidos por funcionarios de la misma Oficina: “¿Qué prueba hay más que unos certificados que se contradicen? ¿De qué rigor estamos hablando? Unos certificados que tampoco son prueba de la cobranza de las nóminas. Unas certificaciones hechas por la parte interesada, la certificación que interesa tras el cambio porque el enemigo número uno del pueblo catalán es Daniel Alfonso. Y resulta que en esta demanda no se aportan nóminas”, ha lamentado.