La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que se lleve a cabo un registro en el despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, en el Congreso, tal como reclamaba la policía, pero sí ha dado apoyo a confiscar sus dispositivos electrónicos para analizarlos, en el marco de las indagaciones por el caso Mediador. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Jaime Serrano-Jover ha respondido a la petición formulada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo Càceres, para "el acceso sin restricciones y de manera exclusiva al despacho del Congreso de los Diputados asignado al investigado".

"Valorando el artículo 66.3 de la Constitución española, que prevé que las Cortes Generales son inviolables, el Ministerio Público no se puede pronunciar a favor de lo que solicita el oficio precedente", ha argumentado la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, "con el objetivo de dar cumplimiento a la finalidad perseguida por la instrucción", propone "dirigir oficio a la Secretaría General del Congreso de los Diputados" para que autorice el acceso policial, "con las previsiones y prevenciones que consideren oportunas", para que intervengan los terminales informáticos o aparatos de almacenaje de datos e información, documentos u otros efectos del investigado.

Da apoyo asimismo a que, "una vez que los equipos informáticos estén en poder de los agentes actuantes", "se lleven a cabo la práctica de las diligencias que recogen el oficio policial precedente autorizando, incluso, el cambio de llaves de acceso con las prevenciones lógicas y adecuadas a esta medida".

La Comisión Europea alertó ahora hace un año de los gastos "imprudentes" de un proyecto financiado con fondos europeos en la zona del Sahel liderado por el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas, quien en los últimos días ha llenado titulares de la prensa por su presunta implicación en el caso de corrupción llamado 'Mediador', al que también se involucra el exdiputado del PSOE. Según la Cadena SER, desde Bruselas encargaron para abril de 2022 un informe sobre los resultados finales del proyecto GAR-SI SAHEL, que tenía como objetivo formar y equipar cuerpos policiales en Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad. En el documento, alertaban de que "hay, como mínimo, 12 millones de euros de gastos imprudentes e injustificados", además de "errores significativos" sobre importación de equipamiento militar.

Así, Bruselas ya desconfiaba del general Espinosa por gastar 12 millones de euros comunitarios sin justificar. En el informe de evaluación del proyecto, señalaban además la "compra de materiales que no eran útiles, que no se utilizaron, de calidad insuficiente o que no se adaptaban a las condiciones culturales y climáticas locales".