Había mucha expectación política y mediática. Decenas de periodistas se acreditaron para seguir un acontecimiento que tenía que ser histórico y que incluso había costado una repetición electoral. El 26 de febrero del año pasado se constituyó la mesa de diálogo para resolver el conflicto catalán. A un lado, la Generalitat. En el otro, el gobierno del Estado. Sus integrantes aparcaron viejas disputas y reproches para pasear distendidamente por los bonitos jardines de La Moncloa y después se reunieron durante más de tres horas. Salió un comunicado, que hablaba de "legalidad" en lugar de Constitución. Y un compromiso: reunirse una vez al mes, alternando Madrid y Barcelona. Aquello fue todo. De hecho, la de hace exactamente un año fue la primera y única reunión. Desde entonces no se han vuelto a sentar. Ni presencial, ni telemáticamente.

El informe de La Moncloa de finales de año, haciendo balance de la acción del gobierno de coalición, era sintomático. Era el único compromiso contraído con Esquerra Republicana de Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez. Ni cumplido ni incumplido, según el documento de rendición de cuentas: "en proceso". En el medio ha habido una pandemia, la del coronavirus, que ha cambiado las prioridades pero no la agenda política. También un tsunami, el judicial, que ha arrasado con el president de la Generalitat, Quim Torra, y ha forzado la convocatoria electoral. Y ha habido una gran ausencia, sobre todo del lado monclovita pero también en la parte catalana: la voluntad política.

¿Y del contenido? La delegación catalana pone desde hace un año los mismos elementos encima de la mesa: la amnistía y la autodeterminación. No se ha avanzado en ninguno de los dos casos. Incluso se ha retrocedido según la perspectiva desde donde se analice.

De amnistía, nada de nada. Unidas Podemos lo había llegado a proponer, pero el PSOE no quiere ni oír hablar de ello. Eso sí, está el compromiso de Sánchez –de momento privado– de liberar a los presos políticos independentistas. Hay dos posibles vías: la de la reforma del delito de sedición en el Código Penal y la de los indultos. Las dos vías están, hoy por hoy, congeladas, a pesar de haber pasado las elecciones catalanas. La reforma de la sedición tendría que haber sido llevada al Consejo de Ministros antes de acabar el año pasado —promesa de Juan Carlos Campo—, hecho que no pasó. Desde entonces, ninguna noticia ni nuevo plazo. Se trata de una reforma mucho más amplia y compleja. La otra vía, la de los indultos, se encuentra atascada por el propio Gobierno. El Tribunal Supremo está pendiente de la Abogacía del Estado —que cuelga de Moncloa— para emitir su veredicto. Pero este informe de la Abogacía sigue sin llegar ni tiene previsión por ahora.

De autodeterminación, tampoco nada de nada. La misma división dentro del Gobierno: Unidas Podemos defiende que tarde o temprano tiene que acabar en un referéndum de independencia mientras el PSOE insiste en que no hay nada que consultar más allá de un eventual nuevo estatuto de autonomía. En estos términos se expresaba la vicepresidenta Carmen Calvo después del 51% independentista: "Da igual el porcentaje, porque en nuestro país no es constitucional y no es legal". Durante las últimas semanas, incluso Pedro Sánchez ha dado pasos atrás y ha dejado de hablar de "conflicto político" entre Catalunya y el Estado. Lo ha limitado todo a un "conflicto de convivencia" dentro de la sociedad catalana. Como cuando no descolgaba el teléfono al president Torra.

Cambio de interlocutores, futuro incierto

ERC consiguió antes de las elecciones del 14-F que tanto el PSOE como Unidas Podemos se comprometieran a reunir la mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat en cuanto se constituya un nuevo Govern en la plaza Sant Jaume. Inevitablemente, cambiarán los interlocutores en la delegación catalana con la inhabilitación del president Torra y también el resultado electoral. En La Moncloa tienen asumido que el nuevo ejecutivo será independentista, como hasta ahora, pero respiran aliviados por el hecho de que, esta vez, ERC tendrá la sartén por el mango.

A priori, los republicanos se han mostrado mucho más abiertos al diálogo con el Gobierno. Pero eso no da unas perspectivas menos inciertas al diálogo bilateral. En primer lugar, porque los republicanos subirán el precio de la estabilidad en Madrid y exigirán más hechos –y concreción– que palabras. Y el resto de formaciones independentistas, Junts per Catalunya y la CUP, ya han avisado de sus recelos frente a una mesa de diálogo que, un año después, sólo ha servido para las fotografías. En aquellos tiempos no había ni mascarillas.