La Assemblea Nacional Catalana (ANC) se ha sumado a la demanda contra España ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) a favor del debate "libre y sin límites a la libertad de expresión" en el Parlament de Catalunya. La entidad justifica su decisión al considerar que la situación de bloqueo ante las Iniciativas de Legislación Popular (ILP) "plantea serias dudas sobre la efectividad del sistema de protección de derechos fundamentales en España". Se trata de un recurso interpuesto el pasado 13 de enero por la Comisión Promotora de las ILP en el tribunal de Estrasburgo después de que la Mesa del Parlamento rechazara admitir a trámite una ILP sobre el estatus político de Catalunya. Los demandantes también interpusieron un recurso de reposición ante la Mesa del Parlamento, que fue desestimado, y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), que no se llegó a admitir. Ahora la demanda está a la espera de ser admitida a trámite en el TEDH.

En concreto, el 18 de marzo del 2024 la Mesa del Parlamento inadmitió esta ILP sobre el estatus político de Catalunya porque "no cumplía los requisitos establecidos por la ley". En esta línea, señalaron que el contenido "podía exceder" las competencias económicas, que no cumplía algunos requisitos formales y que era similar a otra ILP presentada en la misma legislatura.

Piden al TEDH que "restablezca" los derechos vulnerados

En un comunicado este martes, la Assemblea ha explicado que entre los motivos por los cuales se suma a la demanda hay que el caso "afecta directamente el derecho de participación política de los ciudadanos a través de las ILP", un mecanismo "esencial" de la democracia participativa. Por eso, continúan, es "especialmente preocupante" que las resoluciones dictadas "no tengan un control judicial por parte de los tribunales ordinarios, ya que no se prevé esta previsión en la legislación española".

Por otra parte, dicen que resulta "contrario" a los derechos fundamentales reconocidos por el TEDH que el Tribunal Constitucional no admita a trámite el recurso de amparo presentado, ya que la trascendencia constitucional está más que justificada, tanto en razón de la materia objeto como de la ILP inadmitida a trámite, como por la intensidad de las "vulneraciones de derechos fundamentales" que se denuncian.

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