El Assemblea Nacional Catalana (ANC) no se rinde ante la sentencia de la Audiencia de Barcelona de cerrar la web de Consumo Estratégico. La entidad ha anunciado este martes que ha presentado un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la decisión de cerrar la web de su campaña. Lo ha hecho después de que la Audiencia de Barcelona desestimara su recurso el mes de marzo. La ANC considera que vetar la campaña es "una seria amenaza a la libertad de expresión, el derecho de asociación y la libertad ideológica". En este sentido, defiende que se trata de una campaña informativa de consumo "centrada en los valores" y asegura que "no existe prueba en las actuaciones que la Asamblea señalara ninguna empresa". De hecho, la entidad independentista sostiene que su objetivo era empoderar a la sociedad catalana en sus decisiones de consumo cotidiano. La campaña es "totalmente legítima y de acuerdo con los principios inspiradores de una sociedad democrática", defienden. Además, aseguran que estudiarán todos los recursos y llegarán, si hace falta, hasta los tribunales internacionales para denunciar la "persecución política" de la justicia española contra los derechos fundamentales de la ciudadanía catalana.

La Asamblea afirma que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contempla la libertad de expresión como un pilar fundamental, y añade que esta libertad no solo protege las informaciones o ideas que se consideran inofensivas, sino también las que "chocan, inquietan u ofenden".

La Audiencia de Barcelona dice que perjudican a los competidores por motivos ideológicos

La sentencia de la Audiencia de Barcelona del mes de marzo sostiene que la iniciativa perjudicaba a los competidores por motivos ideológicos, confirmando así la resolución del juzgado mercantil número 11, que ya daba el visto bueno al cierre del portal. Esta web, Consumo Estratégico, invitaba a los ciudadanos de Catalunya a desvincularse de las empresas que cotizan al Ibex-35 y que abandonaron la sede social a Catalunya a raíz del Procés. La resolución de la Audiencia dio la razón a Foment del Treball, que aseguraba que esta campaña tenía que ser calificada de "boicot" a las empresas competidoras por motivos políticos. En definitiva, ambas sentencias sostienen que los argumentos de la ANC son "ajenos a la eficiencia, la calidad o el precio de sus prestaciones". El año 2019, un juez ya cerró de manera cautelar la página web después de recibir una denuncia de Foment del Treball que afirmaba que la estrategia de la Asamblea era "contraria a la buena fe" y que "falseaba" la libre competencia.