La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado un acto de jura de las Constituciones catalanas como alternativa independentista al aniversario de la aprobación de la Constitución española de 1978, el 6 de diciembre. El acto se iniciará con una concentración en la plaza Pau Vila de Barcelona, y discurrirá por el pla de Palau hasta llegar al fossar de les Moreres, donde están enterrados patriotas catalanes de la derrota de 1714 a manos de los ejércitos borbónicos francoespañoles, en la guerra de Sucesión. En la plaza Pau Vila se encuentra el monumento al general Moragues, uno de los héroes de la defensa de Barcelona. [Consulta aquí el recorrido previsto].
La ANC considera que la vigente Constitución española “legitima y perpetúa los privilegios del rey, mantiene el expolio fiscal, impone la supremacía del castellano y oprime al pueblo catalán con el mismo afán que lo hizo Felipe V”, según un comunicado de la organización independentista. Por ello, consideran que las Constituciones catalanas, vigentes hasta 1714, “son las legítimas constituciones del pueblo catalán”. Durante el acto de jura, los asistentes se comprometerán “en la lucha y la defensa de la identidad y la libertad de Catalunya” y recibirán un documento acreditativo.
La entidad que preside Lluís Llach reivindica con esta acción la legitimidad de las Constituciones catalanas o leyes generales del Principado de Catalunya abolidas de hecho con el decreto de Nueva Planta de 1716 con el que Felipe V impuso en Catalunya las leyes de Castilla. Lo mismo hizo en los reinos de Aragón, València —ocupados en 1707— y Mallorca —en 1715—, los otros estados integrantes de la Corona de Aragón por “derecho de conquista”. La abolición de las leyes de estos territorios, alineados con el archiduque y rey Carlos de Austria (Carlos III) contra Felipe V, sancionó la transformación de la monarquía hispánica, que era una entidad compuesta por diferentes entidades soberanas con el mismo monarca, en un estado centralista y absolutista.
¿Qué eran las Constituciones catalanas?
Las Constituciones de Catalunya eran las leyes generales del Principado de Catalunya e incluían constituciones, capítulos y actos de Cortes resultantes del pacto entre el monarca, el conde de Barcelona y rey de la Corona de Aragón, y la Corte General o parlamento medieval. La Corte, sin cuya aprobación el rey no podía ejercer su soberanía, la formaban los Tres Brazos o estamentos: el Eclesiástico (formado por representantes de la jerarquía religiosa), el Militar (nobleza) y el Popular o Real (miembros de las ciudades y villas del dominio del monarca). Por ello, se considera que Felipe V hizo una abolición de hecho que no de derecho de las leyes que garantizaban los derechos y libertades históricas catalanas a raíz de su victoria militar en 1714.
Las primeras constituciones catalanas fueron promulgadas en la Corte General de Catalunya de 1283, en tiempos de Pere el Gran. Las últimas se promulgaron en 1706 durante el reinado del archiduque Carlos III. Tanto el borbón Felipe V como el pretendiente Habsburgo juraron las constituciones catalanas. El primero en las Cortes de 1701-1702 en Barcelona y el segundo en 1705, con lo cual fue proclamado rey y nombrado conde de Barcelona, ya iniciada la guerra de Sucesión. Diversos historiadores han destacado el carácter muy avanzado de las Constituciones catalanas en aspectos como la fiscalidad real (los subsidios al monarca debían ser aprobados por la Corte), la inviolabilidad de los domicilios y las comunicaciones o el derecho a una defensa justa, entre muchos otros.
Derogación de los Decretos de Nueva Planta
Precisamente, los grupos de Junts, ERC, Comuns y la CUP presentaron a trámite el pasado miércoles una propuesta que insta al Parlament de Catalunya a presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para "la derogación expresa de los decretos de abolición de los fueros de los reinos de Valencia y Aragón, y de los decretos de Nueva Planta del Reino de Mallorca y el Principado de Catalunya". Los grupos plantean la propuesta como "un ejercicio de reparación histórica y justicia institucional" que debe suponer la derogación explícita y efectiva de los decretos de Felipe V, que serien la base de la articulación centralista y uniformizadora del Estado español.