La entidad de juristas Drets y el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) han anunciado este viernes que ampliarán a la cúpula política del Ministerio del Interior en la etapa de la presidencia de Mariano Rajoy la querella interpuesta contra cuatro policías nacionales en un juzgado de Andorra por presionar a la Banca Privada de Andorra para que les facilitara datos bancarios de políticos independentistas.

Según estas dos entidades, que hacen de acusación popular, el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo admitió hace unas semanas que esta maniobra, que enmarcan en la llamada Operación Catalunya, fue ordenada por los dirigentes políticos del ministerio, encabezados por el mismo ministro Jorge Fernández Díaz. También se querellarán contra el exdirector general de la Policía y actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Drets y el IDHA presentaron a principios de 2017 una querella contra cuatro miembros de la Policía Nacional española por delitos de amenazas, coacciones, chantaje y extorsión a ciudadanos andorranos para conseguir las cuentas de Artur Mas, Oriol Junqueras y la familia Pujol. En el marco de la investigación, Villarejo declaró por comisión rogatoria el 19 de marzo pasado desde la prisión de Estremera, pero no se ha conocido la diligencia hasta hace pocos días.

Villarejo reconoció que el Gobierno le ordenó remitir información al Departamento del Tesoro norteamericano con el objetivo de que desde los EE.UU. se solicitara el cierre del Banco Madrid, propiedad de la Banca Privada de Andorra (BPA), de los hermanos Higini y Ramón Cierco, en caso de que Higini Cierco y el consejero delegado de BPA y Banco Madrid, Joan Pau Miquel, no facilitaran información bancaria de los políticos independentistas.

Villarejo también admitió que, como no facilitaron esta información, el Estado ordenó actuar bancariamente contra Higini Cierco y penalmente contra Joan Pau Miquel, y acabó de manera fulminante con la existencia de Banca Privada de Andorra y su equivalente en Madrid, Banco Madrid, que fueron intervenidos en marzo de 2015 a raíz de una note del Finances Crime Enforcement Network (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de los EE.UU. Según Villarejo, fue una operación política, ya que el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO), no tenía suficiente capacidad operativa para dar "una orden de esta envergadura".

Ante los avances en la investigación judicial, Drets y el IDHA han decidido ampliar la querella presentada a la Batllia de Andorra y centrar la atención judicial en la cúpula política, ya que consideran que la Operación Catalunya es un "auténtico crimen de estado" orquestado con la voluntad de hacer el máximo daño posible a dirigentes políticos catalanes.

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