Amnistía Internacional considera que la comisión de secretos oficiales no es el marco apropiado para investigar las supuestas violaciones de derechos humanos del espionaje con Pegasus, ya que considera que la caracteriza el "secretismo" y el "oscurantismo". "El Gobierno no puede utilizar la excusa de la seguridad del Estado para ocultar posibles violaciones de derechos humanos", señala el director de Amnistía Internacional en el estado español, Esteban Beltrán, en declaraciones recogidas en un comunicado de la organización justo el día que se celebra la reunión de la comisión.
Amnistía pide una investigación "inmediata, exhaustiva e imparcial" sobre todos los casos que hayan podido estar infectados para|por el programa informático de espionaje israelí Pegasus como el CatalanGate y reclama que sea pública. Amnistía Internacional insta el Gobierno a comprometerse a colaborar con todas las causas abiertas por la justicia donde haya indicios de espionaje y establecer una moratoria sobre el uso y venta de tecnología de vigilancia hasta que se establezca un marco reglamentario para "impedir nuevos abusos a los derechos humanos".
La directora del CNI, Paz Esteban, comparece este jueves por primera vez a la comisión de secretos oficiales, para ofrecer explicaciones sobre los casos de espionaje con Pegasus detectados en las últimas semanas. Según fuentes del Gobierno, Esteban asiste al Congreso con la documentación que acredita el aval del juez de enlace del Tribunal Supremo con el CNI, Pablo Lucas, para hacer algunas de las escuchas a políticos y activistas independentistas, pero no todas. Estas fuentes cifran las autorizaciones en una decena o más, pero en todo caso lejos de los 65 casos acreditados por Citizen Lab.
Reforma ley secretos oficiales
Amnistía Internacional reclama una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, ya que regula una materia tan sensible como la clasificación de información pública por razones de seguridad sin estar "en consonancia con los estándares internacionales", señala la organización en su comunicado. Para AY, esta ley supone en la práctica una "restricción al derecho de acceso a la información, que obstaculiza la investigación de violaciones graves de derechos humanos y el derecho internacional humanitario".
Las revelaciones sobre el espionaje de Pegasus se destaparon el año pasado. Una investigación con más de 80 periodistas y 17 organizaciones de medios de comunicación de diez países bajo la coordinación de Forbidden Stories y con el apoyo técnico de Amnistía Internacional reveló en el 2021 que Pegasus se ha utilizado para espiar a gran escala por todo el mundo y que cerca de 50.000 números de teléfono habían sido posibles objetivos de vigilancia.