El PSOE registró en el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre la ley de amnistía y lo hizo en solitario, a pesar de haberla negociado con varios grupos. Esta ley, clave para que Pedro Sánchez volviera a ser investido con los votos del independentismo, ya ha empezado su camino en el parlamento español, pero todavía está abierta a enmiendas, que por ejemplo, desde de ERC no descartan para dotarla de más seguridad jurídica ante la ofensiva que ya ha recibido y recibirá. Este jueves, Amnistía Internacional, tras haber estudiado el contenido de la ley, se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho pidiendo una serie de modificaciones para mejorarla y asegurar que esté "perfectamente alineada con los estándares internacionales de derechos humanos", según ha explicado la entidad en un comunicado. Concretamente, Amnistía Internacional se fija en cuatro aspectos diferentes, que, consideran, se tendrían que someter a cambios, que son el uso excesivo de la fuerza y víctimas de violaciones de los derechos humanos, la protección de las víctimas de delitos, el efecto de la amnistía en casos de condena por el ejercicio de derechos humanos y la exclusión de delitos de terrorismo.

En este sentido, la entidad recordar que en los últimos años han alertado en reiteradas ocasiones que el Código Penal español tiene una definición mucho amplía de definición del delito de terrorismo, hecho que ha provocado investigaciones y sensaciones "incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos". En este sentido, el comunicado remarca que, según sus datos, el Tsunami Democràtic -investigado en la Audiencia Nacional- no alcanza el umbral que "es exigible para afirmar que se trata de actos de naturaleza terrorista". Lo que no cuestionan es si algunos de los hechos organizados por esta entidad como respuesta a la sentencia del juicio al procés, publicada en octubre del 2019, "pueden merecer o no algún tipo de investigación penal", pero deja claro que "en ningún caso" se tienen que catalogar como terrorismo.

Excluir de la amnistía el uso excesivo de la fuerza

Amnistía Internacional también recuerda que, según el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, "todo uso innecesaria de la fuerza por parte de la policía vulnera el Convenio Europeo", un caso en que "no son permisibles las amnistías". Por eso, y habiendo documentado casos de uso excesivo de la fuerza durante el 1-O y también en las protestas por la sentencia, piden excluir estos hechos de la amnistía y "permitir la investigación y enjuiciamiento de estas acciones, incluyendo tanto los agentes como sus mandos si hubiera órdenes ilícitas."

Fijándose en el caso de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, condenados por sedición, un delito que ya ha quedado borrado del Código Penal, pone a los expresidentes de Òmnium y la ANC como ejemplos de una "condena injusta por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de reunión y de expresión". Por eso mismo, y a pesar de destacar que la ley, tal como está registrada, prevé la extinción de su responsabilidad penal y cancelación de antecedentes, no anula las resoluciones ni prevé una indemnización. Eso, según Amnistía Internacional, contradice el derecho internacional, que en estos casos "establece que las resoluciones judiciales tienen que ser declaradas nulas y sin efectos y que se garanticen recursos efectivos".