Amnistía Internacional ha exigido al Estado español que garantiza el ejercicio del derecho de manifestación pacífica y ha reclamado un control sobre las actuaciones policiales, en especial de cuándo se denuncian abusos por partes de las autoridades. Todo se recoge en el informe sobre el derecho a la protesta en el Estado, donde se destaca especialmente los efectos de la ley mordaza, el endurecimiento del código penal contra las protestas y la falta de investigación de las denuncias de abusos policiales. La ONG aprovecha que el Congreso ha abierto el debate sobre la libertad de expresión, reunión y manifestación con la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Según informa la ACN, la entidad ha subrayado las consecuencias perniciosas de la ley mordaza, vigente desde el año 2015, para el derecho a la manifestación. Amnistía ha afirmado que esta ley ha comportado "siete años de restricciones indebidas". Esta ONG no ha sido la única al denunciar los efectos de esta normativa. Desde su entrada en vigor esta y otras organizaciones han documentado un retroceso "serio" en el ejercicio del derecho a la protesta como "consecuencia", entre otros, de la reforma del código penal, la aprobación de la ley mordaza, "el amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad otorgado a las fuerzas de seguridad en su actuación durante las manifestaciones pacíficas" o la utilización "abusiva" de pelotas de goma o proyectiles de foam.
Denuncia de los abusos policiales: ejemplos de las manifestaciones postsentencia del procés
Entre los elementos que restringen el derecho a la libre manifestación al Estado español, Amnistía apunta directamente a la poca fiscalización que se hace de las actuaciones policiales. La entidad ha afirmado que de manera "frecuente" los tribunales se decantan "a favor de la versión policial" y ha señalado que hay una "falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad".
Para la ONG todo ha conducido a situaciones que han acabado con "sanciones arbitrarias", "criminalización" de manifestantes "pacíficos", periodistas o movimientos sociales, a un uso "no proporcional" de la fuerza contra manifestantes "pacíficos" y a un efecto desmovilizador "preocupante" de la "protesta pacífica".
Amnistía sostiene sus acusaciones sobre los abusos policiales con varios casos, algunos de los cuales tuvieron lugar en el marco de las protestas postsentencia del procés en Barcelona en octubre del 2019. Unos de los ejemplos que ilustran el informe de la entidad es el caso del fotoperiodista Albert Garcia, quien fue detenido mientras cubría las protestas. Otro es el del fotoperiodista de la ACN Bernat Vilaró, quien mientras trabajaba cubriendo las protestas recibió un impacto de pelota de goma en el cuello.