¿Cuáles son los límites, los márgenes y las normas de juego que impone la Constitución a la hora de aprobar una ley de amnistía? El Gobierno no quiere ni oír hablar de la celebración de un referéndum de autodeterminación a Catalunya, y repite por activa y por pasiva que no entra dentro del marco de la carta magna española preguntar a los catalanes sobre la independencia de su país. Pero en los últimos días han dejado de poner tanta mala cara cuando suena la palabra 'amnistía'. Es muy y muy complicado, sin embargo, escuchar a un dirigente socialista pronunciar esta palabra. Hablan de "soluciones políticas" y, en todo caso y en conversaciones informales, se atreven a hablar "de alivio penal".
Sea como sea, en Madrid el secretismo es absoluto respecto de esta cuestión. El presidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, ya advirtió este jueves que a estas alturas no existe ninguna conversación entre el PSOE y Junts per Catalunya en torno a una amnistía, y que ninguna de las dos partes ha hecho ninguna propuesta. Fuentes del Gobierno apuntan que, sobre esta cuestión, hay que respetar los plazos. En abierto, la portavoz del ejecutivo, Isabel Rodríguez, asegura que Pedro Sánchez siempre trabaja por|para la "cohesión territorial" y que su gobierno siempre se mantendrá coherente en la línea de desinflamar el conflicto político entre Catalunya y España.
En defensa de la constitucionalidad de una ley de amnistía
El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo defiende la constitucionalidad de una ley de amnistía y asegura, en declaraciones en ElNacional.cat, que no hay ningún fragmento de la carta magna española que prohíba amnistiar a los protagonistas del Procés. "Que se plantee el tema como un problema es absurdo", defensa. Pero hay que recordar que el año 2021 los letrados del Congreso de los Diputados tumbaron una proposición de ley de amnistía de Junts, ERC y CUP argumentando que se vulneraba el artículo 62 de la Constitución: la prohibición de los indultos generales.
Pérez Royo estalla contra esta decisión, argumentando que, a su entender, los letrados no hicieron una buena interpretación de la Constitución. "Porque el texto no prohíbe los indultos generales, sino que las Corts transfieran al Gobierno la potestad de aprobar un indulto general". Así, el catedrático defiende que la cámara baja española sí que puede aprobar una ley en la cual sea ella la que decida amnistiar a las personas perseguidas por la justicia española en motivo del Procés.
Si eso se pudiera sacar adelante, y se confirmara que la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, tiene razón cuando defiende "la absoluta constitucionalidad" de una ley de amnistía, habría que ver qué abarca esta extinción de la responsabilidad penal. ¿Solo se aplicaría a la confección del referéndum del 1-O? ¿Puede hacer referencia también a la consulta del 9-N y tumbar así la sentencia del Tribunal de Cuentas que obliga Artur Mas, Joana Ortega y Francesc Homs a pagar 4,9 millones de euros? ¿Y así pues, abarcar también las protestas postsentencia y la persecución de CDR?
El exletrado mayor del Parlamento, Antoni Bayona, defiende en este diario que sí que es posible una amnistía que vaya del inicio del Procés hasta la actualidad, en tanto que se ha demostrado que "el conflicto" entre Catalunya y España de los últimos años es "de naturaleza política". Pone como ejemplo que en los últimos años ya ha habido gestos por parte del poder ejecutivo y legislativo español en esta dirección: conceder los indultos a los presos políticos y reformar el Código Penal para modificar los delitos de sedición y de malversación.
¿Quién puede formar parte de la amnistía?
La franja temporal es una de las cuestiones sobre el alcance de una amnistía. Y la otra es las personas que pasarían estar incluidas. No se puede redactar una amnistía 'ad nos personamos', pero sí ser quirúrgico en la redacción del texto a fin de que quede muy bien definido qué personas del Procés se pueden acoger. ¿A quién se puede incluir? ¿Los miembros del Gobierno del año 2017? ¿Todas las personas con responsabilidades políticas desde el 2014? ¿También Roger Español, procesado por atentado contra la autoridad a pesar de haber perdido un ojo el 1-O? ¿Y qué pasa con el policía que lo disparó en la cara con una bala de goma?
Las amnistías acostumbran a ser bidireccionales, de forma que eso tendría que perdonar tanto a Roger Español como a su verdugo. Pero Javier Pérez Royo alerta de que se puede ser muy creativo. "Es cuestión de precisión" en el redactado, apunta y pone como ejemplo un dato vergonzoso: "En la amnistía de 1977 se dejaron fuera a los condenados por ser homosexuales mientras se perdonaban personas con delitos de sangre".
Hay que mantener también un ojo puesto sobre las cifras de Òmnium Cultural. La entidad calcula que desde el 2017 ha habido 4.230 personas "represaliadas" con motivo del Procés, ya sea por causas judiciales, ahogo económico del Tribunal de Cuentas, destituciones a causa del 155, o víctimas de la violencia policial. Ahora bien, como muchos de estos casos ya han sido archivados o bien ya han sido juzgados —con varias absoluciones—, Òmnium calcula que la cifra de posibles beneficiarios de una ley de amnistía oscilaría las 600 personas.
La pelota, en el tejado de Junts
Junts per Catalunya, por ejemplo, defiende incluir a Laura Borràs en esta amnistía, por|para mucho que su condena tenga que ver con un caso de corrupción. La líder de la formación en Madrid, Míriam Nogueras, defendía hace unos días en una entrevista en la ACN que la presidenta del partido ha sido "víctima de lawfare". Esquerra Republicana se pone las manos en la cabeza cada vez que se intenta incluir a Laura Borràs en un caso de persecución judicial por el hecho de ser independentista, e incluso Magda Oranich, miembro del Comité de Garantías de Junts, ve una "barbaridad" querer incluir a la expresidenta del Parlamento en una ley de amnistía.
En todo caso, este martes tocará sintonizar la antena belga. Junts per Catalunya mantendrá una reunión en Bruselas y posteriormente Carles Puigdemont expondrá las condiciones de su partido para investir a Pedro Sánchez como presidenta del Gobierno. Hasta ahora, el partido ha mantenido un silencio religioso respecto de esta cuestión, incluso todavía más que el PSOE, que se ha visto obligado a responder sobre una amnistía en varias ruedas de prensa y entrevistas televisivas.
¿Alternativas a la amnistía?
Otro aspecto también a tener en cuenta es como|cómo se podría bautizar, en caso de sacar adelante, esta amnistía, ya que el PSOE parece que le provoque urticaria pronunciar esta palabra. Antoni Bayona explica a ElNacional.cat que "en Derecho siempre podemos innovar y hacer juegos de palabras", pero opina que es difícil bautizarlo de otra manera, porque la amnistía no es una palabra española, sino una palabra utilizada por todo el mundo y que todo el mundo entiende qué es. "Es un concepto muy definido", argumenta.
Javier Pérez Royo va un pelo más allá y opina que, más allá de sí sería un problema esquivar la palabra 'amnistía', hacerlo sería un error político. "Una amnistía no es nada vergonzoso, sino al contrario, es un motivo de orgullo", sentencia.