La presencia de la extrema derecha en los cuerpos de seguridad tiene que ser objeto de investigación tanto en el cuerpo de Mossos d'Esquadra como en la Guardia Urbana de Barcelona y las policías locales, según el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que hoy ha hecho público un informe en qué plantea diferentes acciones al respeto para conocer el alcance del problema y adoptar medidas para "abortar actividades contrarias a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

El Síndic ha recomendado que la conselleria de Interior y el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya estudien el informe elaborado a finales del 2020 por el Gobierno alemán sobre infiltración de la ultraderecha en los cuerpos de seguridad; que la conselleria elabore un informe similar sobre los Mossos y que el Ayuntamiento de Barcelona lo haga sobre la Guardia Urbana.

Asimismo propone un estudio sistemático a sus homólogos del Estado y las Comunidades con policía propia, Euskadi y Navarra, para analizar los casos de falta de neutralidad política dentro de los Cuerpos Policiales y las Fuerzas Armadas.

Toques de alarma

El informe recuerda que a finales del 2020 surgieron diferentes polémicas a raíz de la presencia de sectores reaccionarios dentro de las Fuerzas Armadas españolas "que tendrían una actitud peligrosa en relación al sistema democrático". "El procés soberanista catalán y la formación de un gobierno de izquierdas parece haber abierto la caja de los truenos", apunta el texto, que admite que se trataría de un alcance "minoritario y controlable" pero subraya que se trata de episodios "preocupantes".

Entre los episodios que recuerda figuran la declaración de desagravio a Franco de 181 militares retirados de julio del 2018, la carta de militares de la reserva del Ejército del Aire al Parlamento Europeo denunciando al gobierno "social comunista"; la carta de la XIX promoción de la Academia General del Aire del 10 de noviembre del 2020 al Rey Felipe VI; o la de 73 miembros de la XXIII promoción de la Academia Militar de noviembre del 2020; así como la destitución del jefe de estudios de la Escuela Naval La Grañá (Galicia) después de celebrar el hundimiento de un submarino republicano el año 1937 con expresiones como rojos y nacionales. El texto recopila diferentes artículos e informes sobre la infiltración de Vox en los cuarteles y la presencia de "legado franquista".

El informe también se refiere a la situación en los Cuerpos Policiales, a pesar de admitir que no ha tenido la misma repercusión mediática, y cita actuaciones de la Guardia Civil, como los gritos de "a por ellos" que se escucharon en octubre del 2017; atestados sobre el papel de los Mossos aquellos meses; el discurso del director general de la Guardia Civil en el cuartel de Sant Andreu de la Barca en octubre del 2019, o la investigación a Tamara Carrasco y Adrià Carrasco.

Neutralidad política

"Más que investigar la presencia de la extrema derecha en los Cuerpos Policiales y las Fuerzas Armadas, cosa difícilmente compatible con el marco legal que no penaliza la existencia de esta ideología ni ninguna otra, haría falta analizar hasta qué punto se está cumpliendo con la obligación de mantener la neutralidad política", advierte además de instar a investigar si las actividades denunciadas pudieran ser constitutivas de delitos de odio o incitación a un golpe de Estado.

Por esta razón, reclama una investigación no de casos puntuales sino con visión global, que tendría que incluir el Cos de Mossos -"dentro del cual se ha detectado algún caso de falta de neutralidad política en relación al independentismo, que ha motivado algún expediente disciplinario"- y las policías locales. Todo ello tendría que comportar una colaboración con los ministerios de Interior y Defensa y los Gobiernos de País Vasco y Navarra, además de los Ayuntamientos.

El caso alemán

El Síndic recoge la experiencia de Alemania que publicó un informe de 98 páginas el pasado mes de septiembre sobre la presencia de extrema derecha a las fuerzas de seguridad. Recuerda, entre otras decisiones adoptadas por las autoridades alemanas, la suspensión de decenas de agentes de policía por participar en chats de extrema derecha y compartir propaganda neonazi o la decisión del ministro de Defensa de disolver una unidad de fuerzas especiales después de detectar materiales explosivos, armas y objetos en recuerdo de las SS en manos de un sargento.

Aquel informe detectó 1.400 casos de militares y policías sospechosos de cometer acciones de extremistas y advierte que representan "un peligro importante para el Estado y la sociedad" e insta a seguir identificando a los extremistas.

Poco responsable

El texto recuerda, sin embargo, que a diferencia del Estado Español, en Alemania se persiguen las actividades neonazis, y que, de hecho, "la actitud del Estado español en relación al franquismo no ha sido la misma que la mantenida por Alemania contra el nazismo".

No obstante, y además de apuntar que también la Europol ha alertar sobre el hecho de que grupos de extrema derecha estaban reclutando personal dentro de fuerzas armadas y cuerpos policiales, advierte que resultaría poco responsable que el gobiernos español y catalán no reaccionaran ante informes como el elaborado en Alemania cuando "en España se han detectado últimamente casos preocupantes".