La radio pública alemana, Deutschlandfunk, ha ilustrado la oposición que muestra Alemania a las intenciones de la UE de acelerar el intercambio de pruebas penales entre los países miembros mencionando el caso del president Carles Puigdemont. Recuerda que España pedía la extradición del dirigente catalán por rebelión, pero que la justicia alemana no apreció que hubiera este delito y rechazó la petición. Alemania es partidaria de una posición más preventiva en los intercambios de datos electrónicos para evitar excesos, siguiendo el modelo de las peticiones de extradición.

"La Comisión Europea quiere facilitar mucho más a los investigadores judiciales el acceso a las pruebas electrónicas, como los protocolos de navegación, los mensajes de WhatsApp y los correos electrónicos dentro de la UE. Las críticas a este proyecto vienen de Alemania, también de los activistas de protección de datos", afirma. "En pocas palabras, el proyecto de la UE significa que en el futuro un fiscal irlandés, polaco o francés podrá solicitar datos a los servidores alemanes con mucha facilidad. Y será mucho más fácil para un fiscal alemán hacer lo mismo", continúa. Una de las voces críticas es la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley (SPD), que en su día mostró su preferencia para que Puigdemont no fuera extraditado a España.

Barley recuerda que si existe este automatismo en la cesión de datos solo dependerá del país que los requiera, y que la justicia alemana no tendrá derecho a veto, ni siquiera a valorar la legalidad de la petición. Deutschlandfunk recuerda en este sentido lo que sucedió con la orden de detención europea que dictó España contra Puigdemont, que fue cuestionada por la justicia alemana en los puntos esenciales, dando por hecho que el modelo funcionó correctamente. "En el caso de las órdenes de detención europea —vean el procedimiento alemán sobre el catalán Carles Puigdemont—, los tribunales del Estado que tendría que acometer la extradición también examinan el caso", recuerda como un valor garantista.

La radio cita al excomisario federal de protección de datos, Peter Schaar, que señala que con la nueva reglamentación no podría existir un examen jurídico como el del caso Puigdemont.