Alberto Casero no se acaba de entenderse con los dispositivos electrónicos. El diputado del PP que en febrero permitió que se aprobara la reforma laboral votando a favor por error ha vuelto a meter la gamba en el Congreso de los Diputados. Este jueves Casero ha dicho que 'sí' a la comisión para investigar los gobiernos de Mariano Rajoy por la Operación Catalunya, en contra del criterio de su grupo parlamentario, que se ha opuesto en bloque. La suerte para Casero es que, a diferencia de la reforma laboral, su sufragio no ha sido decisivo porque el órgano parlamentario se ha aprobado gracias a una amplia mayoría de 191 votos a favor, 153 en contra y una sola abstención. Todos los votos se han emitido telemáticamente porque la cámara baja está modernizando el sistema de elección presencial y, mientras no se acaban las reformas, los diputados no poder utilizarlo y todos tienen que hacerlo a distancia, a través de la Intranet.

El diputado Casero ha roto la disciplina de voto de su partido, que ha tildado la comisión de investigación de "caza de brujas y juicio sumarísimo para obtener rédito electoral". El PSOE y Unides Podem han dado apoyo a los independentistas catalanes y vascos - los solicitantes - en la votación y han permitido que la cámara vuelva a poner el cuerno en la llamada policía patriótica del Ministerio del Interior en manos de Jorge Fernández Díaz. Ahora porque la justicia andorrana lo ha imputado a él, al expresidente Mariano Rajoy y el exministro Cristóbal Montoro, por presionar la Banca Privada de Andorra (BPA) con la finalidad de conseguir información confidencial y secreta de líderes independentistas. La comisión - que se ceñirá a los mandatos del PP a petición de los socialistas - también averiguará qué pasó con la Operación Kitchen una vez se han revelado audios que vinculan de nuevo al exministro del Interior, la exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal y el excomisario Jose Manuel Villarejo.

Un año tormentoso para Casero

No está siendo el año de Alberto Casero, a quien se considera un buen negociador en la sombra y la mano derecha del exsecretario general Teodoro García Egea. En febrero, este diputado extremeño del PP ya se equivocó votando a favor de la reforma laboral que impulsó el gobierno de coalición y que supuso eliminar los aspectos más lesivos de los cambios introducidos por los populares en el 2012. Lo curioso del caso es que la reforma, en aquella ocasión, se aprobó por sólo un voto de diferencia y, por lo tanto, el error de Casero sí que tuvo consecuencias determinantes. La norma salió adelante con 175 votos a favor, 174 en contra y ninguna abstención. Aquella vez, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz contaron con el apoyo de Ciudadanos y otras formaciones moderadas como el PDECAT y el PNV y sin la complicidad de la mayoría de la investidura - Esquerra votó en contra . Para añadir emoción a la votación, en el último momento, los diputados de Unión del Pueblo Navarro Sergio Sayas y Carlos García Adanero rompieron la disciplina de voto de su partido y también dijeron 'no' a la reforma. Por eso, si Casero no se hubiera equivocado, el pleno habría tumbado la nueva legislación laboral.

Problemas con la justicia

Por si no tuviera bastante, Casero también acumula problemas con la justicia. Esta semana hemos sabido que el juez del Tribunal Supremo ha propuesto reclamar al Congreso de los Diputados el suplicatorio - un permiso - para proceder penalmente contra él dado que es aforado como parlamentario. El instructor lo investiga por prevaricación y malversación de su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres). En concreto, el alto tribunal tiene indicios que Casero adjudicó contratos a dedo obviando el procedimiento administrativo pertinente sin publicidad ni intervención de los órganos competentes, entre los años 2017 y 2018. Desde la posición de alcalde, Casero habría concertado con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios "incumpliendo todo tipo de formalidad exigida por la normativa".