Alberto Casero exdiputado del Partido Popular, fue una de las figuras públicas más mediáticas del partido por sus equivocaciones a la hora de votar en el Congreso de los Diputados, siendo la más famosa la que permitió aprobar la reforma laboral. A pesar de estos errores, Casero dejó su escaño cuando se anunció que había sido procesado por delitos de prevaricación y malversación cuando era alcalde de Trujillo (Extremadura). Este martes, Casero ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el caso. Con este acuerdo acepta una condena de un año y nueve meses de prisión, seis de inhabilitación y el abono de una indemnización de 70.000 euros.
Este es el acuerdo de conformidad con el cual las partes han llegado este martes a la vista previa que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cáceres. El abogado de Casero ha pedido la suspensión de la pena de prisión y el presidente del tribunal ha advertido al exdiputado del PP que no podrá cometer ningún delito en el plazo de cinco años, porque se podría revocar la suspensión de prisión.
"No se está nunca satisfecho por eso, pero las cosas son como son", ha dicho Casero a la salida de la Audiencia Provincial de Cáceres después del acuerdo. Sin embargo, el acuerdo rebaja significativamente la petición de pena que hacía la Fiscalía. Alcalde de Trujillo entre el 2011 y el 2019, Alberto Casero se enfrentaba, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, a ocho años de prisión, la inhabilitación absoluta durante 20 años y al pago de una indemnización próxima a los 70.000 euros en el consistorio. Esta causa tiene su origen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a contratos, acuerdos o convenios concertados con terceros por parte de Casero.
Lejos del Congreso
Cuando se dio a conocer que sería procesado, Casero dio un paso al lado de la política activa y dejó su acta de diputado, perdiendo así el aforo. Ya en aquel momento Casero admitió que la tramitación de los contratos que se investigaban "no había seguido los procedimientos administrativos pertinentes", pero defendió que "en ningún caso" suponían "una desviación de poder". Afirmó que no había cometido prevaricación "aunque pudiera haber problemas administrativos en los acuerdos y contratos" investigados, que atribuyó a la precariedad de los servicios del Ayuntamiento.
Casero cuenta con una larga carrera en las filas de los populares. Además de alcalde de Trujillo y diputado, fue responsable de organización del PP bajo el liderazgo de Pablo Casado y mano derecha del entonces secretario general, Teodoro García Egea.