El Gobierno se la juega en Andalucía. O así lo ve al menos el PSOE, donde se ha instalado la idea —y el temor— que un mal resultado en los comicios andaluces tendrá un efecto de contagio en las próximas citas electorales. Ante este panorama, tanto en la Moncloa como en las filas socialistas se empiezan a preparar para este escenario y estudian varias maneras de responder. Una de ellas, según explica El Periódico de España, pasaría por una nueva crisis de Gobierno y, por lo tanto, implicaría una nueva remodelación del ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. En este sentido, hay varias posibilidades: que haya una renovación "profunda" del gabinete, una reducción de ministerios que previsiblemente sólo afectaría a la parte socialista, relevos puntuales para postular a algunos ministros como candidatos a municipales o autonómicas de mayo de 2023 o cambios que alteren las secretarías generales o direcciones de los ministerios, es decir, de rango inferior a los máximos responsables de estas carteras.
En las últimas semanas, el nerviosismo y la sensación de tener que recurrir a un giro para cambiar las malas perspectivas han ganado terreno. Andalucía es un feudo tradicional del socialismo y una derrota contundente en esta comunidad puede determinar sobremanera lo que pueda pasar en las próximas elecciones generales, que tendrían que tener lugar en diciembre de 2023. En este sentido, en Ferraz esperan, al menos, que Juan Espadas —candidato del PSOE a la Junta de Andalucía— obtenga un resultado casi idéntico o mejor del que consiguió Susana Díaz en los comicios de 2018, que supusieron el peor resultado de los socialistas en Andalucía (33 escaños y casi un 28% de los votos). Las encuestas, hasta ahora, no ilustran un buen panorama para Espadas y hay pesimismo. Para citar un ejemplo, Metroscopia publica un sondeo este sábado que deja a los socialistas en segunda posición. También sacarían 33 diputados, pero bajarían al 27%. Además, la distancia con Juanma Moreno, que sería el ganador según esta encuesta, sería contundente: 12 escaños y casi 10 puntos porcentuales de voto.
Estos malos augurios también se proyectan a escala nacional. Desde que Alberto Núñez Feijóo aterrizó en la presidencia del Partido Popular, las encuestas reflejan un incremento sustancial del porcentaje de voto de los populares, hasta el punto que muchas de estas ya los sitúan en primera posición y con muchas posibilidades de sumar mayoría absoluta con Vox. A todo ello hay que sumar que la coyuntura económica para los próximos meses y años no es nada buena, el impacto de la inflación ha perjudicado el bolsillo de los ciudadanos, la crisis del CatalanGate ha dividido al ejecutivo y cada votación parlamentaria se vive con incertidumbre hasta los últimos minutos. Hasta el momento, Sánchez prospera con la geometría variable, pero las relaciones con algunos de sus socios —especialmente, con ERC— están cada vez más enturbiadas.
Los cambios de julio no han funcionado
Dentro del PSOE, hay la sensación de que la crisis de Gobierno que diseñó Pedro Sánchez el pasado mes de julio no ha tenido el efecto esperado. La profunda remodelación que abordó el presidente del ejecutivo central no ha convencido a los suyos, ya que creen que algunos de los ministros que llegaron al Gobierno hace 10 meses "no se han consolidado". De hecho, algunos reprochan que estas sustituciones implicaron una pérdida de "peso político" y señalan que, con la salida de Carmen Calvo y José Luis Ábalos, Sánchez ya no tiene un "escudero". Quien a priori asumía este rol es Félix Bolaños, pero su presencia es más escasa que la de sus antecesores.
El primer cambio en el Gobierno de Sánchez fue el 26 de enero de 2021, cuando Salvador Illa dejó el Ministerio de Sanidad para ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Carolina Darias, que hasta entonces era ministra de Política Territorial, pasó a Sanidad y, en su lugar, entró Miquel Iceta. Más adelante, el 30 de marzo de 2021, Pablo Iglesias dejaba el ejecutivo, hecho que implicaba el salto de Nadia Calviño como vicepresidenta segunda y el acceso de Yolanda Díaz a la vicepresidencia tercera. Al frente de Derechos Sociales y Agenda 2030, entró Ione Belarra. El 12 de julio de 2021, fue cuando se materializó el gran cambio con siete nuevos ministros: entraban Félix Bolaños (Presidencia y Relaciones con las Cortes), José Manuel Albares (Asuntos Exteriores), Pilar Llop (Justicia), Raquel Sánchez (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), Pilar Alegría (Educación), Diana Morant (Ciencia) e Isabel Rodríguez (portavoz y ministra de Política Territorial). Los que se marcharon del gabinete Sánchez son Carmen Calvo (vicepresidenta primera y responsable de Presidencia y Relaciones con las Cortes), Arancha González Laya (Asuntos Exteriores), Juan Carlos Campo (Justicia), José Luis Ábalos (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), Isabel Celáa (Educación), Pedro Duque (Ciencia) y José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura y Deporte).
De los nombres señalados como ministros "poco consolidados", según El Periódico de España, los socialistas destacan a Diana Morant y Raquel Sánchez. De hecho, el grado de conocimiento de algunos de los titulares de varios ministerios es inferior al 50%, según el CIS del mes de abril. Son los ejemplos de Morant (12%), Sánchez (17,7%), Pilar Llop (22,1%), Pilar Alegría (22,7%), Joan Subirats (25,7%), Isabel Rodríguez (26,9%), José Manuel Albares (35,3%) o Luis Planas (40%). Así pues, de los miembros que entraron en el ejecutivo en julio de 2021, sólo Félix Bolaños (52,2%) supera este 50% de grado de conocimiento. Además, ninguno de ellos aprueba en valoración. De peor a mejor calificación, el ranking queda así: Pilar Llop (4,55), Félix Bolaños (4,74), Diana Morant (4,74), Pilar Alegría (4,76), Raquel Sánchez (4,83), José Manuel Albares (4,88) e Isabel Rodríguez (4,89).
Hoy por hoy, sin embargo, no hay cuórum sobre la receta a aplicar en caso de debacle en Andalucía. En Ferraz hay quien cree que una nueva crisis de gobierno tampoco sería un buen mensaje porque supondría "reconocer que Sánchez se equivocó con los nombramientos que hizo en julio". Por eso, también se plantea que lo que hay que reforzar es la comunicación, dado que se considera que la gestión y las políticas que hace el Gobierno no llegan a la ciudadanía.