El Tribunal de Cuentas ha detectado anomalías en la mayoría de los 656 contratos públicos que se adjudicaron en 2016 y 2017 en la Junta de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page, por un importe total de 988 millones de euros.

El tribunal ha concluido que en la mayoría de los contratos fiscalizados "no se ha justificado lo suficiente la necesidad de su celebración". La administración autonómica ni siquiera ha conseguido en muchos casos acreditar la urgencia que supuestamente justificaba el contrato, según informa OK Diario.

Además, el Tribunal de Cuentas critica que "los expedientes aportados presentan deficiencias porque los informes sobre la justificación de la necesidad aportados se limitan, bien a mencionar la competencia, a describir el objeto del contrato, o son sumamente genéricos, sin concretar las necesidades que supuestamente existían en el momento que dio lugar a la tramitación de los expedientes con los consecuentes gastos".

El Tribunal de Cuentas alerta que desde 1994 se está contratando la conservación de las carreteras de Ciudad Real "sin que haya una justificación de que la externalización resulte más beneficiosa a la Administración, sobre todo teniendo en cuenta el importe del contrato: 4.210.248 euros".

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