La rama de la Operación Catalunya que se extendió a Andorra y desembocó en la liquidación de la Banca Privada de Andorra (BPA), que se había negado a facilitar información confidencial sobre la familia Pujol a la policía patriótica, se dirige ahora directamente a la mesa del gobierno andorrano. Algunos de los afectados por aquel proceso han decidido, según ha avanzado la web Altaveu y ha confirmado ElNacional.cat, activar una solicitud formal ante el gobierno andorrano para que desclasifique y haga públicos los documentos relacionados con aquellos hechos que en 2015 acabaron con la desaparición del banco y de su filial española, Banco Madrid. Los impulsores de la iniciativa subrayan que ante la decisión del gobierno español, que este mismo lunes ha reiterado el presidente, Pedro Sánchez, de desclasificar de manera inminente documentos vinculados a la Operación Catalunya, es "imprescindible" que Andorra también dé a conocer toda la información de que dispone de aquellos hechos.
La BPA fue intervenida el 10 de marzo de 2015 por las autoridades del Principado después de que dieran por buena la nota de alerta del FinCEN, del departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre indicios de blanqueo de capitales. El banco acabó liquidado en una operación en la que los audios del comisario José Manuel Villarejo han dejado clara la intervención de la policía patriótica, el gobierno español y el propio presidente, Mariano Rajoy. Un año después, el FinCEN retiró la denuncia sin más explicaciones. De los documentos de la policía patriótica se desprende que el gobierno español filtró información para provocar aquella alerta de la agencia del Tesoro norteamericano y cargarse el banco. Los responsables de la BPA han reclamado a la policía financiera de los Estados Unidos que haga públicos su documentación y las conversaciones que mantuvieron con las autoridades de Andorra y España.
Documentación
Entre los promotores de la iniciativa que ahora se prepara para reclamar información al gobierno andorrano, se encuentran clientes del banco y afectados por la sentencia del Tribunal de Corts d'Andorra, que a mediados de julio pasado condenó a diecisiete exdirectivos del BPA por el delito de blanqueo a penas de entre 7 y 3 años de prisión. Reclaman conocer exactamente la información de que dispone el gobierno andorrano sobre las causas y el proceso que llevó a la intervención del BPA y advierten que esta transparencia es imprescindible para restaurar la confianza institucional, judicial y financiera en el Principado, dado que aquellos hechos han determinado la imagen y la reputación del país y han condicionado la vida de trabajadores, familias y clientes del banco
En concreto, reclaman la correspondencia del gobierno de Andorra con el FinCEN y con las autoridades españolas sobre este tema y conocer el papel del Guardia Civil Basilio Fernández, que, según la documentación de la policía patriótica, actuó como nexo con el FinCEN para esta operación. Exigen saber cómo se gestó aquella operación a escala institucional entre España y Andorra, más teniendo en cuenta que en enero de 2015 Rajoy protagonizó una visita inédita de un presidente español de dos días al Principado. Dos meses después de aquella visita se publicó la alerta del FinCEN.