Acciona ha denunciado el Govern al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por frenar su salida del concesionario de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que tiene que pasar a ser de titularidad pública a partir del 1 de enero. Fuentes de la empresa han confirmado a la ACN que han preguntado al juez "medidas cautelarísimas" para no tener que dejar el ATLL el 31 de diciembre, cómo le reclama a la Generalitat.

La conselleria de Territori i Sostenibilitat, dirigida por Damià Calvet, escribió una carta a Acciona para pedirle que entregue las instalaciones, que son de propiedad pública y que hasta ahora gestionaba la constructora, a finales de mes. El gobierno de Quim Torra aprobó en julio la creación de la ATLL pública que tiene que empezar a gestionar el ente de abastecimiento de agua en primeros de año.

El mes de febrero, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia del TSJC del 2015 que anulaba el concurso de privatización de la gestión de Aigües Ter-Llobregat, que había ganado Acciona. En aquel momento, la Generalitat podía optar por hacer un nuevo concurso o por impulsar la gestión pública, opción que finalmente escogió.

Acciona presentó hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) para informar de que reclamaría a la Generalitat unos 308,3 millones de euros en reembolsos de partes no amortizadas del canon y de otras inversiones hechas, y dijo que pediría también una indemnización por "daños y perjuicios" que algunos medios económicos, como Expansión, sitúan en los cerca de 1.000 millones de euros.

Este jueves, los representantes de Acciona se reunieron con Patrimoni de la Generalitat y comunicaron que no estaban de acuerdo con el proceso y que presentaban medidas cautelares para pararlo. Hoy, según ha podido saber la ACN, la comisión liquidatoria de la Generalitat comunicará a Acciona cuáles de sus alegaciones acepta y cuáles rechaza.

Parte de la disputa entre la empresa y la Generalitat es si se considera que el contrato es totalmente nulo o anulable, una diferencia que supone que la empresa reciba o no indemnización por daños y perjuicios. Por ahora, el Govern no ha hecho pública qué cifra sale de la comisión liquidatoria, aunque en un primer momento se había planteado un saldo a favor del Govern de unos 38 millones de euros.

En cualquier caso, la Generalitat ya ha subrogado a todos los trabajadores del ATLL que gestionaba Acciona, y que ahora pasarán a cobrar del Govern. La disputa entre Acciona y el Govern se podría alargar en los tribunales y, de hecho, podría llegar a acabar, incluso, en manos de un arbitraje internacional.