El abogado de la familia Pujol Ferrusola ha pedido este miércoles la absolución de Jordi Pujol Ferrusola al asegurar que el fiscal Anticorrupción y los abogados del Estado no han probado “con suficiente músculo” el delito de blanqueo de capitales y el de asociación ilícita por los que se acusa al president Pujol, exculpado, y a sus siete hijos. En una exposición jurídica completa y comprensible, Cristóbal Martell ha invitado al tribunal de la Audiencia Nacional a absolver a los Pujol “a pesar de no dar por probada la herencia del abuelo Florenci porque hay espacio a la presunción de inocencia”. Ha recordado que Florenci Pujol i Brugat se enriqueció con el cambio de divisas y su condena, publicada en el BOE, y que dejó dinero en el extranjero a los nietos “entre los años 70 y 80” por la inestabilidad en España y temeroso de la dedicación política de su hijo, Jordi Pujol i Soley. El penalista también ha recordado el caso de la familia Botín, en el que tampoco se pudo probar con documentos fondos familiares opacos, como las acusaciones han criticado a los Pujol.

El penalista ha denunciado con dureza la acusación “a brochazos” del fiscal Anticorrupción, que ha afirmado que “empresas afines a Convergència se alinearon con los Pujol” para engrosar su patrimonio con supuestas comisiones ilegales y esconder el dinero en Andorra. “Ni en el escrito de acusación ni en el juicio se ha probado un uso bastardo de concesiones públicas por parte del president Pujol”, ha espetado Martell.  

El abogado ha desmontado “el festín punitivo” de las acusaciones, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, con la mayoría de los ponentes formados por magistrados progresistas, como Ana Ferrer, Javier Hernández o Ramón Sáez Valcárcel. Son resoluciones que detallan los elementos que se exigen para que un hecho se califique de delito, como que en el blanqueo haya un delito antecedente, que en el caso de los Pujol no se ha demostrado ni aclarado, según las defensas, y que no “es un delito de sospecha”.

Sin delito de blanqueo

El abogado del hijo mayor del president Pujol ha denunciado que el fiscal Fernando Bermejo no puede acusar “a brochazos”, afirmando que en las Olimpiadas del 92 hubo muchas obras públicas, y supuestamente pagos a los Pujol, sin detallar las supuestas irregularidades. Además, ha añadido que la “cronología no lo acompaña” cuando cita como sospechosas operaciones como “Diagonal Mar, con el caso Kepro de John Rosillo”, que pasa años después, o del caso Gran Tibidabo. También ha criticado que ha puesto la sospecha en la operación de Torre Europa y compararla con la urbanización de la Gran Via de l'Hospitalet, hecha dos años antes, y con socialistas en el gobierno autonómico y municipal. El letrado ha manifestado que esta sospecha ha contaminado y “criminalizado” todos los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, de los cuales ha asegurado que “son reales y no ficticios”.

Martell también ha descartado la asociación ilícita atribuida a la familia, y ha recordado que la jurisprudencia precisa que todos los participantes tienen que hacer acciones. En el caso de la herencia familiar, los hermanos Pujol Ferrusola y la madre solo abrieron cuentas separadas en Andorra el 1992 y cobraban los intereses que generaban ls productos de la deixa, que gestionaba Jordi Pujol Ferrusola. También que hacen falta que al menos sean tres actores, y la tesis principal, que no se ha demostrado, es que el president Pujol y su hijo mayor dispusieron del legado.

“La pela es la pela”

Por su parte, Jaime Campaner, abogado de Josep Pujol Ferrusola, ha declarado que las acusaciones “han hecho un juego de sinónimos y el que han dejado sobre la mesa en un enriquecimiento atípico”, pero “ninguna prueba sólida” del blanqueo de capitales. De este delito ha apuntado una sentencia del Tribunal Supremo de 2024, que indica que se tiene que evidenciar que es blanqueo de dinero ilegal. Campaner también ha reprochado al fiscal que “la cronología no lo acompaña” cuando atribuye el blanqueo a la corrupción y en la “Barcelona preolímpica” en 90 y 92, pero se pone bajo sospecha una transferencia de Josep y Jordi, que era por una inversión de comida rápida en EE. UU. fallido.

Campanero también ha denunciado que “ahora de forma nueva” la Abogacía del Estado que el delito antecedente del blanqueo es el delito fiscal. Una afirmación que sostiene que no puede ser viable porque ha recordado que no se considera delito cuando hay tiempo en la declaración voluntaria de la renta a Hacienda.

“De la España nos roba que hizo referencia el fiscal, le diré que la pela es la pela”, ha manifestado Campaner para aclarar que Josep era anotado como un buen cliente del banco andorrano para no cobrarle comisiones.