Las disputas entre el PP y el PSOE causan estragos tan grandes como el hecho de que actualmente en España haya 46 vacantes de cargos judiciales por cubrir. Entre estas vacantes hay nueve plazas de magistrado al Tribunal Supremo, por jubilación o por deceso, y seis presidencias de tribunales superiores de justicia.
Según explica El País, las causas de estas vacantes son el bloqueo del PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma legal del PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del CGPJ a fin de que no pueda hacer nuevos nombramientos.
El citado medio asegura que el caso más preocupante es el del Tribunal Supremo, donde cada vez que queda un puesto vacío no se puede designar un nuevo titular; la reforma legal del Gobierno no lo permite.
Exterior de la sede del Tribunal Supremo en Madrid / EFE
El CGPJ hace dos años que está en funciones y eso ha producido complicaciones en varios casos. El Tribunal Superior de Justicia de las Canarias estuvo un año y medio sin titular, con la presidencia cubierta por un interino. Lo mismo pasó en el País Vasco.
La reforma legal
El Congreso aprobó el mes de marzo la reforma de la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que limita sus funciones cuando tiene el mandato caducado. Eso impide que pueda hacer nombramientos hasta que no se renueve. Hace dos años que expiró el mandato del CGPJ pero el Gobierno y el PP todavía no han llegado a un pacto para nombrar nuevos vocales.
El sistema de elección requiere un acuerdo de las principales formaciones políticas de la cámara baja, ya que requiere una mayoría de tres quintas partes del Congreso. La iniciativa del PSOE y Unidas Podemos se aprobó con 196 votos a favor y la oposición de la derecha. 150 diputados votaron en contra.
Se trata de una reforma polémica, rechazada por la derecha, que se impulsó desde los partidos que forman el gobierno de coalición ante el bloqueo por parte del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El mismo CGPJ se mostró crítico con la reforma.
De hecho, tres asociaciones de jueces de signo conservador, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) enviaron un escrito al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de la UE por Valores y Transparencia, Vera Jourová, para denunciar que el Estado de derecho está "en riesgo" en el estado español por la reforma legal que limita las funciones del CGPJ.
Foto principal: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Pablo Casado, delante de la Moncloa / Fernando Calvo y Borja Puig