Las Cortes valencianas han aprobado la modificación de la ley de Salud de la Comunidad Valenciana de 2014, en la cual se da preferencia a la gestión sanitaria directa y de carácter público, sin excluir la colaboración de la sanidad privada como complemento. La ley ha sido aprobada gracias a los votos favorables de los diputados del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, y con la abstención del PP y de Ciudadanos. La nueva norma da preferencia a la gestión directa, porque se considera que es el sistema que da "mayor garantía de universalidad, de accesibilidad, de equidad, de no discriminación y de no demora en el acceso" de la ciudadanía a los servicios sanitarios y de salud pública. La ley determina que, solamente en casos excepcionales, y cuando se justifique debidamente "su estricta necesidad", será posible acudir a la gestión indirecta de los servicios sanitarios públicos, ya que la opción preferente para la gestión pública directa no es por sí misma excluyente.

Observatorio valenciano de Salud

También recoge un apartado dedicado a la salud mental; contempla la creación del Observatorio valenciano de Salud para proporcionar información relevante en esta materia, e incluye derechos como el de los pacientes a estar acompañados por un familiar, incluso en las ambulancias. El socialista Ignacio Subías ha afirmado que esta ley "necesaria" defiende los intereses públicos y los derechos de los ciudadanos, en contraposición con un PP que defiende "los intereses privados sin pensar en la mayoría de los ciudadanos", y apuesta por un modelo que recupera derechos que fueron "recortados" durante mucho tiempo. Isaura Navarro, de Compromís, ha manifestado que esta ley es "fundamental", mejora muchísimo la ley que hizo el Consejo del PP en 2014 y garantiza derechos, en contraste con un PP en lo que le preocupa "el beneficio económico de sus amigos".

El diputado de Podemos Daniel Geffner ha asegurado que esta ley es "más adecuada" para afrontar los retos de la sanidad pública valenciana y que cuenta con los recursos necesarios para garantizar la atención adecuada y de acuerdo con una sociedad adelantada, y avanza en la protección de la salud "como derecho y no como negocio". El diputado del PP José Juan Zaplana ha pedido la dimisión de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, a la cual se le ha cambiado el texto de la ley que presentó inicialmente, y ha agregado que esta norma es "un brindis al sol", pues en ella se recoge que no tiene incidencia económica, con lo cual "no vale por nada". El diputado de Ciudadanos Juan Córdoba ha mostrado" su decepción por esta norma, pues aunque era una gran oportunidad para avanzar y modernizar la ley más importante" de la sanidad de la Comunidad, la falta de consenso ha impedido hacer una ley "más ambiciosa y más realista y "se ha impuesto la ideología".

Reversión del Hospital de Dénia

En el mismo pleno de Les Corts, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Consejo empezará en las próximas semanas, el proceso de negociación con la empresa concesionaria del hospital de La Marina (Dénia) para resolver el contrato de forma anticipada. "La Generalitat rescatará las concesiones sanitarias "tal como vayan venciendo" o se dan determinadas situaciones que aconsejan una resolución adelantada como en el caso de 'hospital de Dénia, la cual concesión finaliza en el 2024. El pasado día 1 de abril el Gobierno valenciano va revertido la gestión del hospital de Alzira, el primero que va privatiza el PP hace 18 años "hemos recuperado la gestión del departamento, pero sobre todo el valor de la credibilidad en la política". Ha declarado Puig.