El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero temía que Julio Martínez, su amigo Julito, fuera el siguiente Víctor de Aldama y el temor acaba de consumarse. La "doctrina Sánchez", aplicada en las causas abiertas que afectan al Gobierno, se ha impuesto: mano tendida a rebajas muy generosas de las penas a cambio de confesiones completas que impliquen a los responsables políticos y permitan esclarecer la corrupción. Un espíritu casi de indulto al corruptor, más expansivo que el aplicado en el caso Púnica, que afectó al PP de Madrid, con el constructor y confesor David Marjaliza, o en Gürtel, con el delator y exconcejal del PP José Luis Peñas.
La confesión del empresario alicantino Julio Martínez desmonta a Zapatero en lo político y le abre un frente prácticamente mortal en lo penal. Martínez se describe a sí mismo como el testaferro del expresidente, el hombre de paja que, por sí solo, "no tenía posibilidad alguna de obtener nada, mucho menos financiación pública o privada". Nada decidía y nada hacía por iniciativa propia. Ni siquiera la idea fue suya. Fue Javier de Paz, íntimo amigo de Zapatero, directivo y durante dieciocho años consejero de Telefónica, quien le propuso crear la consultora Análisis Relevante. Y, siempre según su confesión, era el expresidente quien aportaba los clientes.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tiene hoy una larga lista de precisiones que pedirle a Julio Martínez. El empresario deberá aclarar, porque en su escrito no lo hace, si los 239.755 euros abonados a What The Fav, la empresa de las hijas de Zapatero, correspondían al pago de la comisión por el rescate de Plus Ultra. Zapatero justificó esos ingresos como contraprestación por informes verbales de consultoría geopolítica. Julito también deberá explicar si los informes elaborados por Sergio Sánchez, cofundador de Análisis Relevante, existían realmente o si el propio Sánchez era otro hombre de paja.
Además de Plus Ultra, Julio Martínez deberá aclarar qué trabajos se encargaron para los otros tres clientes que, según su confesión, aportó Zapatero, todos ellos con idénticos contratos de asesoría y vinculados a empresarios venezolanos, así como quién los realizó. La ocultación de Plus Ultra es evidente. Zapatero, como expresidente, no puede realizar gestiones ante la Administración sin declararlas, y mucho menos cobrar una comisión por facilitar un rescate con fondos públicos. Si bien, respecto de las otras tres empresas, Julito Martínez no precisa si se trataba de informes de consultoría o de gestiones ante el Gobierno.
La confesión de Julio Martínez deja prácticamente en game over a Zapatero, pero también compromete al Gobierno
Zapatero tiene que explicar demasiadas cosas. Fue hábil y era fácil ver el truco cuando dijo: "No hablé absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra". Ese es el enlace presuntamente delictivo: el tráfico de influencias sobre una decisión del Ejecutivo que debía pasar por el Consejo de Ministros. La confesión de Julio Martínez deja prácticamente en game over a Zapatero, pero también compromete al Gobierno. Cuando pase la resaca del Mundial, y será hoy mismo, estas preguntas caerán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sobre el rescate, Julio Martínez puede decir que no sabe nada más. El presidente de Plus Ultra, el otro Julio Martínez que también ha confesado ante el juez, deberá aclarar si sabe ante qué funcionario público se hicieron las gestiones del rescate. Pero, igual que las rebajas de pena se están aplicando a los confesores con mayor generosidad que en el pasado, la Justicia puede considerar que la mera intervención del expresidente, haciendo la consulta o pidiendo el favor sin saber ante quién, podía constituir una influencia suficiente para sustentar el presunto tráfico de influencias.
Para Zapatero, la explicación sobre el origen del ajuar de joyas de 1,3 millones de euros vuelve a ser el menor de sus problemas. Para el expresidente, esta causa no ha hecho más que empezar. Para el Gobierno, también. La causa que hasta ahora no le afectaba, porque no podía incidir ni controlar la actividad privada de Zapatero, le acaba de implicar.