Todo el mundo sabe que los pasados indultos parciales y revocables no resuelven más —ni menos— que el injusto encarcelamiento de los nueve presos políticos catalanes que, por tanto, seguirán inhabilitados y, algunos de ellos, sujetos a las actuaciones arbitrarias del Tribunal de Cuentas respecto de cada uno de sus patrimonios. Escribimos ya en este ElNacional.cat que los indultos —y mucho menos estos indultos parciales y revocables— no eran solución alguna, a la vista de las actuaciones que sigue el Tribunal de Cuentas respecto de más de 40 antiguos cargos de la Generalitat, de las diligencias penales abiertas contra más de 3.200 personas en diversos tribunales y de las euroórdenes que reclaman encarcelar al president Puigdemont, a la consellera Ponsatí y a los consellers Comín y Puig. En realidad, el respeto por los derechos fundamentales de las personas exigía y sigue exigiendo la amnistía.

Pero nadie dotado de la mínima empatía y sentido común puede no celebrar la libertad de los presos políticos catalanes Bassa, Cuixart, Forcadell, Forn, Junqueras, Romeva, Rull, Sánchez y Turull, pese a la radical injusticia de no indultarles la pena de inhabilitación que les veta el acceso a las funciones y cargos públicos y pese a la ilegal imposición de una condición (no ser condenado por delito con pena señalada superior a los 5 años de prisión) que no encaja de forma alguna en la interpretación conjunta de los artículos 16, 17 y 18 de la vigente ley estatal de indultos.

La simple recuperación de la libertad de movimiento y de la convivencia con las personas queridas exige de cualquier persona de bien un sentimiento de solidaridad con todos/as ellos/as y de repulsa porque esta medida no llegase hasta veinte meses después de la sentencia, de forma que la vida y los seres queridos que recuperan no son ya los mismos que en octubre de 2017. Los hijos creciendo sin ti, la pareja visitándote en la frialdad de la prisión, la represión económica que te quita los ingresos y que incluso te amenaza con el embargo de tu patrimonio y los padres y madres afrontando los últimos años de vida con el dolor de la privación de la presencia del hijo o la hija y con el dolor de saber la magnitud de toda esa vorágine de efectos negativos en tu familia y economía, consciente de estar condenado su hijo o hija a más años de prisión de los que sabes que puedes vivir echando una cuenta racional. He ahí el caso de la madre del conseller Forn, fallecida menos de veinte días antes del indulto a su hijo.

La mejor respuesta fue la que desarrollaron los presos de Lledoners sosteniendo el cartel "Freedom for Catalonia", porque aleja el foco de ellos mismos y lo sitúa en la idea de libertad, que integra tanto los derechos individuales de las personas como los derechos colectivos de la ciudadanía catalana

Los indultos no son, en verdad, una solución, e incluso llegan tarde de más para curar el dolor y la rabia que causó la inquisición judicial española. Pero llegaron sin que los presos políticos los pidieran y encontraron una reacción férrea, de hombre y mujeres que recibieron la libertad conscientes de su deber histórico y que ratifican su convicción de que solo ejercieron un derecho democrático y de que no vulneraron ley democrática alguna. Además, llegan como contribución a una mejora del clima social, sin que el soberanismo catalán asuma obligación alguna a la recíproca.

Parece, pues, que siendo comprensibles tanto las reacciones de alegría como las de seriedad y silencio ante la liberación de los presos políticos, la mejor respuesta en el momento histórico fue la que desarrollaron los presos de Lledoners sosteniendo el cartel "Freedom for Catalonia". Porque aleja el foco de ellos mismos como personas y lo sitúa en la idea de libertad, que integra tanto los derechos individuales de las personas como los derechos colectivos de la ciudadanía catalana. Libertad en su doble vertiente de amnistía y derecho a decidir.

De esta forma, el futuro exige atender a las dos tareas de la lucha por la libertad: resolver la represión (mediante una amplia amnistía o de las fórmulas más parecidas posibles, también en el frente complejo y retorcido de un Tribunal de Cuentas que es aún más árbitro casero que el Constitucional o el Supremo) y alcanzar la oportunidad necesaria (en el horizonte máximo de pocos años de hoy en adelante) para ejercer el derecho a decidir de la ciudadanía catalana. Porque, en realidad, los dos objetivos atienden a la esencia de la cuestión catalana, que es una cuestión de libertad, de derechos de las personas.

Pero es preciso decir también que las últimas reacciones de la Moncloa no permiten ser muy optimistas de cara a ahondar en un proceso de diálogo y negociación real. Sánchez hablando de la oportunidad del castigo en 2017-2019 recuerda de más a ese político que defiende a los corruptos Borbones, que integró la coalición del 155 y que quería tipificar penalmente, otra vez, la convocatoria de referéndums no autorizados por el poder central.

He ahí, pues, la evidencia de que este objetivo parcial no se alcanzó por las necesidades parlamentarias del PSOE, sino por un trabajo continuado del soberanismo catalán, por los presos y exiliados y sus abogados y por la movilización de la sociedad civil. Trabajo en el que es necesario destacar el desarrollado fuera del estado español, en el Parlamento y tribunales europeos, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU y en todos los foros europeos e internacionales que ponen al Gobierno del Estado y, en general, a la izquierda estatal ante la realidad de un rechazo casi general tanto al funcionamiento de la justicia española como a la reacción del poder estatal delante del procés.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat