Mientras la derecha española, extremista y supremacista convoca a sus seguidores a la plaza de Colón, junto a la bandera de la España única e intolerante, el Gobierno del Estado prepara los indultos para los presos políticos. Indultos probablemente parciales, que les perdonen los años de prisión justos para que salgan pronto de su injusto encarcelamiento, pese a que parece que no resolverá ni su inhabilitación para desarrollar cargos y funciones públicas, ni la cuantía de la indemnización de responsabilidad civil por el delito de malversación de dinero público por el que fueron condenados el vicepresidente Junqueras, los consellers Forn, Turull, Rull, Romeva y la consellera Bassa, que resolverá el Tribunal de Cuentas.
He ahí como este indulto no resuelve la cuestión. Parece que no la resuelve ni para los presos políticos. Y pese a este detalle, que muestra la mínima generosidad posible para reconstruir un tejido social sano, la derecha extrema y supremacista, junto a la vieja guardia del PSOE (Felipe González, Alfonso Guerra, los presidentes manchego y extremeño, Nicolás Redondo, Joaquín Leguina...), rechaza los indultos pese a apoyar, en su día, los indultos de golpistas como el general Armada o de convictos de terrorismo como los antiguos miembros del Gobierno González, José Barrionuevo y Rafael Vera.
Los nueve indultos a las personas presas políticas ni resuelven el problema ni ayudan a resolverlo
Además del problema ya señalado (subsistencia quizás de muy onerosas y artificiosas indemnizaciones por una malversación que no existió y falta de remisión de las penas de inhabilitación), los indultos parciales proyectados para las nueve personas presas políticas no resuelven los casos de las más de 3.200 personas investigadas por distintos tribunales catalanes y estatales (Juzgados de Instrucción 1 y 13 de Barcelona, tribunales varios de Catalunya, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Audiencia Nacional...) por hechos de naturaleza política y aspecto pacífico posteriores a la convocatoria del referéndum del 1-O del 2017. Pero, lo que también es importante, no resuelven el problema de la acusación y eventual orden de detención internacional contra el president Puigdemont, los consellers y conselleres en el exilio, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la antigua portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel.
El indulto en la Constitución del Estado (CE) es un acto discrecional de gobierno, que solo puede beneficiar casos concretos, pues están prohibidos constitucionalmente los indultos generales (artículo 62.4 CE). En este contexto, el indulto a las nueve personas presas políticas finaliza su efecto en éstas. Después va a continuar la represión judicial, mientras la derecha acusará al Gobierno del Estado de filoterrorista.
La amnistía es lo procedente y, además, es constitucional
La única salida que abre la puerta a la concordia que dice querer Sánchez es la amnistía. Una amnistía constitucionalmente posible, siempre que se apruebe mediante ley orgánica, que necesita de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La mayoría de la investidura, precisamente. Saber es querer. Querer es poder.
Los indultos generales están prohibidos en la CE, pero no las amnistías, pese a que estas requieran la misma ley orgánica que regula los derechos fundamentales y crea, modifica y deroga los tipos delictivos del Código Penal. Una ley orgánica de amnistía podría extinguir todas las responsabilidades criminales y civiles derivadas no solo para las personas condenadas por delitos políticos posteriores a la convocatoria del referéndum del 1-O de 2017, sino incluso de las personas investigadas en este momento por estos delitos, al tiempo que cierra cualquier instrucción o juicio futuro por estos hechos. Es, pues, la solución para restablecer un clima de concordia hacia un proceso de negociación bilateral que deberá terminar en una solución plesbicitaria pactada que consulte a la ciudadanía catalana.
Así la amnistía, en realidad, deberá ser un prerrequisito, incluso para el juego de la mesa de negociación Generalitat-Gobierno del Estado. Si la izquierda española quiere obtener el respeto y la confianza negociadora del soberanismo catalán, la amnistía es una condición previa para afrontar la negociación.
Se me podría responder que parte sustancial del deep state, la derecha española, la caverna de los viejos roqueros del PSOE y parece que el jefe de Estado rechazan radicalmente la amnistía. Pero resulta que todas estas fuerzas y personas rechazan con fuerza los guiños parecidos a los propios indultos parciales, que no resuelven el problema.
Muy probablemente sea el instante de que los soberanistas vascos, gallegos y valencianos y cuantas más voces honestas haya en los demócratas españoles, expongan esta necesidad y cierren filas hacia la tormenta cuando descargue.
Porque, sin duda, descargará, sea con los indultos parciales, sea con la legítima y constitucional amnistía.